Cunete, el ángel caído

El concejal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Manuel Ramírez, conocido como Cunete, que saltó a la opinión pública en 1999 tras denunciar el llamado caso Sanlúcar -un supuesto de corrupción que salpicó al PSOE sanluqueño y que le valió sonoros elogios de la dirección de su partido- se ha visto forzado a dimitir en su responsabilidad de gobierno y en su militancia en el PP tras haber trascendido que medió ante el Ministerio del Interior para obtener el indulto de dos narcotraficantes que sufren condena como resultado de las investigaciones desarrolladas en la llamada Operación Pitón.

Ahora Cunete está solo. Ya no es un ejemplo de militancia. La presidenta provincial del PP de Cádiz, María José García Pelayo, desvinculó a su organización política de los intentos mediadores del concejal. La propia presidenta regional de los populares, Teófila Martínez, ha intervenido para explicar a la opinión pública que este tipo de conductas "no concuerdan" con la línea de actuación de su partido.

"No es un ningún delito pedir un indulto", se defiende el edil sanluqueño

Varios dirigentes del PP avalaron al principio la conducta de Manuel Ramírez

Pero no siempre ha sido así. En la conferencia de prensa celebrada el viernes 14 de marzo, en la que Ramírez anunció su salida del PP, varios altos cargos del partido de Sanlúcar, entre ellos el alcalde, Juan Rodríguez, avalaron con su presencia al edil. En aquél momento, Cunete explicó que se marchaba "para defenderse de las acusaciones de la oposición" y que su retirada sería parcial porque, en lugar de entregar su acta de concejal, formalizaría su paso al nutrido grupo mixto del Ayuntamiento sanluqueño.

El asunto comentó un día antes. La portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sanlúcar, Julia Hidalgo, pidió en el pleno información al PP sobre las actividades de "un concejal popular" -prefirió no dar ningún nombre- que en las últimas semanas se había movido en el Ministerio del Interior para pedir un indulto para dos sanluqueños encarcelados por narcotráfico. Asimismo, Julia Hidalgo aseguró que el edil en cuestión había mantenido contactos con entidades ciudadanas para obtener certificados de buena conducta que dieran consistencia a su petición.

En el pleno, el PP guardó silencio pero, tras la sesión, en una conversación privada, la portavoz de IU advirtió al alcalde sobre la necesidad de tomar medidas porque, dijo, "el Ayuntamiento no puede convertirse en un referente del narcotráfico". En esa conversación, el alcalde anunció su decisión de actuar y, veinticuatro horas más tarde, Ramírez dimitió.

Cunete, sin embargo, se presentó ante los medios informativos como una víctima de la presión política ejercida por la oposición municipal. Cunete se marchaba pero lo hacía "para defenderse" de "las calumnias" de sus contrincantes políticos. Se defendería, pero lo haría "desde fuera".

Días después, sin embargo, admitió que había medidado para defender la honra de los dos encarcelados y aseguró que lo hizo en su calidad de concejal de Participación Ciudadana y después de recibir una llamada de los familiares de los narcotraficantes pidiendo su participación. Ramírez aseguró que "no es ningún delito pedir la gracia de un indulto" y incluso amenazó con presentar querellas.

En Sanlúcar de Barrameda, la convicción de que desde el Ayuntamiento se medió a favor de narcotraficantes no ha sentado bien. Sin embargo, hace tiempo que algunos asuntos del Ayuntamiento suenan mal. En los últimos meses ha habido denuncias de empresarios que se sienten discriminados por no pagar el dinero requerido por un mediador para hacerse con la concesión de las obras ofertadas por el consistorio. Los conflictos laborales de las limpiadoras que fueron a protestar al Ayuntamiento, terminaron a golpes, con denuncias en el Juzgado y con el alcalde necesitado de protección de unidades antidisturbios de la policía. Este Ayuntamiento fue también escenario del caso Sanlúcar, que en 1999 recorrió los medios de todo el país y cuyo denunciante fue, precisamente, el ahora repudiado concejal del PP, Manuel Ramírez.

En noviembre de ese año, aseguró que un miembro del PSOE le habría ofrecido un soborno a cambio de evitar, con su ausencia en el pleno, una moción de censura contra el entonces alcalde socialista, Agustín Cuevas.

La denuncia, falsa según el PSOE, le supuso a Manuel Ramírez numerosos reconocimientos del PP, que le homenajeó como "militante ejemplar". El supuesto caso de soborno fue dado a conocer en una conferencia de prensa en la que el secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Sanz, apoyó al denunciante. Ahora, el denunciante dice ser perseguido.