Clima irrespirable
"Creo que han sumido en la mayor crisis moral a nuestro país desde la guerra civil, que han deteriorado a instituciones fundamentales como la Corona o el Parlamento, que han dinamitado la confianza en los partidos políticos y la comunicación con la opinión pública en dimensiones irreparables a corto y medio plazo..." En estos términos se expresaba el pasado viernes Gregorio Peces Barba en artículo publicado en EL PAÍS con el significativo título: La guerra: un golpe de Estado interno. En opinión del rector de la Universidad Carlos III, no nos encontraríamos ante una simple decisión equivocada del Gobierno, sino ante una ruptura de la legitimidad en el ejercicio del poder. El Gobierno del PP habría arrancado esta legislatura con legitimidad de origen, tras el resultado electoral de marzo de 2000, pero habría perdido dicha legitimidad con su conducta en relación con la guerra de Irak. De ahí el caos en que está a punto de transformarse nuestro sistema político, tan trabajosamente levantado a lo largo de estos casi 25 años de vigencia de la Constitución. Es lo que suele ocurrir cuando se produce una quiebra de la legitimidad democrática en la que descansa todo Estado de Derecho digno de tal nombre. De ahí la calificación de la conducta del Gobierno del PP como de "golpe de Estado interno", que vendría a sumarse al "golpe de Estado internacional", como consecuencia de la violación de la Carta de las Naciones Unidas.
La actuación del Gobierno únicamente puede ser calificada de ilegítima y, por tanto, de golpista.
Me temo mucho que el profesor Peces Barba ha acertado en el diagnóstico. Es evidente que el PP ganó las últimas elecciones generales por mayoría absoluta y que, en principio, tiene legitimidad para dirigir políticamente el país hasta la celebración de las próximas elecciones generales en 2004. Es evidente que esa legitimidad se extiende a toda la acción de Gobierno durante esos cuatro años, sea cual sea, ya que es imposible saber por anticipado cuáles son los problemas que pueden suscitarse a lo largo de una legislatura. Pero no lo es menos, que llevar a un país a la guerra no es una cuestión cualquiera y que, en este caso, concurren dos circunstancias que tienen que ser tomadas en consideración:
Primera. Que no se abordó en la campaña electoral de 2000, porque entonces nadie imaginaba que podría plantearse. En consecuencia, es claro que el Gobierno y la mayoría parlamentaria del PP no obtuvo del electorado ningún mandato para actuar de la forma que lo ha hecho.
Segunda. Que, sin embargo, sí sabemos por los resultados de todos los estudios de opinión publicados, que los ciudadanos españoles están de manera prácticamente unánime en contra de la guerra.
Quiere decirse, pues, que no nos encontramos ante un asunto ordinario de Gobierno, en el que la discrepancia entre una opinión pública mayoritaria y la posición del Gobierno puede pasarse por alto. Nos encontramos ante un asunto extraordinario y en el que no es que exista una discrepancia, sino que existe una contradicción total y absoluta entre la acción de Gobierno y la opinión de los ciudadanos.
Es posible que ni siquiera esta doble circunstancia fuera suficiente para llegar a la conclusión de que el Gobierno ha dado un golpe de Estado interno, es decir, ha quebrado la legitimidad democrática en el ejercicio del poder. Pero cuando esa doble circunstancia se combina con un golpe de Estado internacional, como consecuencia de la violación de la Carta de las Naciones Unidas, la conclusión casi se impone por sí misma. Si hubiera habido una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas favorable a la invasión militar de Irak, no se hubiera podido decir que el Gobierno español habría dado un golpe de Estado porque la apoyara, aunque la inmensa mayoría de los ciudadanos estuvieran en contra, como indicaban también todos los estudios de opinión. Pero sin resolución del Consejo de Seguridad, sin mandato electoral y con una opinión pública casi unánime en contra, es claro que la actuación del Gobierno únicamente puede ser calificada de ilegítima y, por tanto, de golpista.
De esta quiebra de la legitimidad democrática en el ejercicio del poder es de donde procede la tensión que está empezando a hacerse visible no sólo entre las fuerzas políticas sino también en la calle. No es fácil soportar que tu Gobierno se comporte como un forajido internacional y que, además, pretenda hacerlo en tu nombre, sabiendo dicho Gobierno expresamente que no sólo no tiene mandato para hacerlo, sino que tiene un mandato en contra.
Esto es, exactamente, lo que está pasando. El Gobierno ha perdido, en lo que a la guerra se refiere, toda credibilidad. Ha mentido y ha mentido de manera insoportable, como escribía ayer Luis García Montero. "Lo peor de esta guerra... son las mentiras, la forma impúdica, desvergonzada, cínica, despectiva, prepotente, cardenalicia, infernal, demagógica, con la que los políticos del Partido Popular mienten una y otra vez, transformando el aire del Parlamento en mentira, los periódicos en mentira, las radios y las televisiones en mentiras". La falta de legitimidad de ejercicio y la manera mendaz en que el Gobierno está justificando su política belicista, disfrazándola de operación humanitaria, es lo que está convirtiendo en insoportable la situación política y la que está generando un clima en el que empieza a no ser descartable que se planteen problemas serios de convivencia e incluso problemas de orden público.
No son los partidos de la oposición los que están "agitando a las masas", como dice la inefable Teófila Martínez. Son los dirigentes del PP con su política y con sus mentiras los que están haciendo que el aire resulte irrespirable. Suerte tienen de que los ciudadanos de este país, a diferencia del presidente del Gobierno, sí crean en el pacifismo. Y lo practiquen.
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