Discursos alarmistas

La amenaza del terrorismo es bien real. Por eso sobran y se hacen sospechosos de manipulación los discursos políticos que hinchan esa amenaza hasta el paroxismo, provocando una interesada e injustificada alarma sobreañadida en la población. El caso de los 16 ciudadanos argelinos detenidos el pasado 24 de enero en Cataluña bajo la sospecha de formar una célula de la red terrorista Al Qaeda y de tener en su poder sustancias químicas para cometer atentados es un buen ejemplo de esta manipulación alarmista. Sin esperar a los resultados de la investigación judicial y sin respetar la presunción de inocencia, el presidente Aznar se dio prisa en presentar a los detenidos como unos peligrosos terroristas dispuestos a "la comisión de atentados con explosivos y con material químico". Incluso la Administración de Bush, inducida sin duda por el Gobierno español, llegó a utilizar este caso en su intento de obtener el apoyo del Consejo de Seguridad a la intervención militar en Irak.

Ese discurso ha quedado desautorizado tras la correspondiente investigación judicial. El juez de la Audiencia Nacional ha puesto en libertad a 14 de los 16 acusados, todos ellos residentes legales en España, tras comprobar mediante los correspondientes análisis que los productos químicos que dieron pie a Aznar para anunciar a la población "la comisión de atentados" son inocuos. No obstante, y a petición del fiscal, el juez no ha retirado la inicial acusación de colaboración con banda armada hasta aclarar los contactos que, según la justicia francesa, han podido tener algunos de los acusados con presuntos terroristas islámicos detenidos en Francia. Dos de ellos siguen en prisión porque queda por comprobar la finalidad última de diversos útiles para la falsificación de documentos encontrados en su poder.

Si esta historia hubiera quedado circunscrita al terreno policial y judicial no tendría nada de anómala. La policía actuó correctamente al detener a unas personas sospechosas de relaciones terroristas y ponerlas a disposicion judicial junto a las presuntas pruebas de su delito. Y la justicia no ha actuado menos correctamente al determinar que esas personas no constituyen un grupo terrorista preparado para actuar y que las pruebas presentadas contra ellas no son tales. Sería terrible que en una democracia lo que hace la policía fuera siempre corroborado por los jueces.

Lo anómalo de esta historia es el uso inmediato que hizo de ella Aznar para defender su posición sobre la guerra contra Irak y apoyar la tesis de la relación de este país con la red terrorista de Bin Laden. Esa historia, al menos tal como la contó Aznar, ha sido desmentida por los hechos. No sirve para hacer al terrorismo más amenazante de lo que ya es, ni más defendible la posición del Gobierno en el conflicto de Irak, ni para dar mayor verosimilitud a la presunta relación del régimen de Sadam Husein con Al Qaeda. Y además de manipulada, esta historia ha resultado tremendamente perjudicial para unos ciudadanos cuyos derechos -en especial la presunción de inocencia- han sido sacrificados a las exigencias de un determinado discurso político contra el terrorismo.