Los jueces paralizan la cementera de Almoguera

La plataforma contra la construcción de una cementera en Almoguera (Guadalajara), formada principalmente por pueblos del sureste de la Comunidad, ha conseguido su primera victoria judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha abierto una investigación sobre el proceso de adjudicación de los terrenos donde se quiere levantar la planta y ha suspendido temporalmente los permisos.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha abierto diligencias para investigar si la concesión de los permisos necesarios para que la empresa Derivados Mineros construyera una cementera en los límites de Guadalajara con Madrid fue legal.

Los jueces, además, requieren a la Junta de Comunidades que en un plazo de 20 días remitan a los tribunales todo el expediente administrativo. Además, mientras dure esta investigación, los jueces suspenden todos los permisos.

El 17 de abril de 2000, la Dirección General de Desarrollo Industrial de la Junta de Comunidades concedió la autorización a la empresa Derivados Mineros para comenzar la construcción de la cementera. Sin embargo, hasta mayo de 2002, los Ayuntamientos afectados por la proximidad de la planta no conocieron el proyecto.

Declaración de nulidad

El día 29 de ese mes, estos ayuntamientos, la mayoría del sureste de Madrid y que se consideraban gravemente afectados por la contaminación que esta planta produciría, presentaron una solicitud de declaración de nulidad del proyecto ante la Consejería de Desarrollo Industrial y Trabajo de la Junta de Comunidades, ya que los suelos donde se instalaría la cementera pertenecían a una mancomunidad de municipios y habían sido supuestamente vendidos a la empresa sin que sus propietarios (los pueblos que forman esta mancomunidad) tuvieran conocimiento de tal venta.

Sin embargo, desde entonces, la Junta de Comunidades no ha contestado a tal petición de nulidad. Ante este silencio, la plataforma presentó el pasado 27 de febrero de 2003 un recurso contencioso-administrativo contra la resolución que autorizaba la construcción de la planta. Ahora, los jueces reclaman a la Junta todo el expediente por si existiera algún tipo de delito y paralizan los permisos concedidos.

Por su parte, el alcalde de Brea de Tajo, Rafael Barcala (PP), uno de los municipios integrantes de la plataforma, mantiene otra querella, junto con las localidades de Albares y Driebes (Guadalajara), contra el presidente de la mancomunidad de Almoguera y alcalde de esta localidad, Ángel Padrino, "por apropiación indebida", ya que supuestamente éste dispuso de unos terrenos que no eran suyos" para que Derivados Mineros construyera la planta. Barcala manifestó: "Era necesaria una investigación judicial, porque está claro que se trata de un caso de apropiación indebida por parte del presidente de la mancomunidad de unos terrenos que son nuestros y que sin ningún derecho se los apropió para luego venderlos como si fueran suyos [a la cementera]".

José Luis Sánchez, presidente de la Cooperativa Vinícola de Mondéjar (otro de los pueblos afectados), desea tener un careo con quien registró sus tierras para luego vendérselas a Derivados Mineros. "Han jugado con tierras que no son de terratenientes, sino de gente humilde que las ha labrado toda la vida", explicó.

El alcalde de Carabaña, Mariano Alonso (PSOE), aseguró: "Seguiremos luchando para evitar que este tipo de empresas destrocen los montes, llenen de humo y polvo nuestros campos y destrocen las carreteras con sus camiones".

Por su parte, los abogados de la plataforma, Carmen Olías y Manuel Fernández-Fontecha, mostraron ayer su satisfacción por la providencia. "Somos conscientes de que los terrenos donde se iba instalar la cementera pertenecen a la mancomunidad y, por lo tanto, cualquier transmisión es nula de pleno derecho".