¡Jo, qué corte!

Como es bien sabido, entre bomberos no deben pisarse la manguera, y el mismo lema impera entre militantes bien avenidos de cualquier partido. A este respecto, y por lo que nos consta, el PP ha sido hasta ahora un ejemplo de coordinación entre todos sus dirigentes e instancias decisorias. No se tiene noticia de chirridos o desafinamientos notables en su concierto político. Por disciplina, por conveniencia o, sencillamente, porque prima o primaba la certeza de que todos tiraban del proyecto en el mismo sentido. Véase, sin ir más lejos, la maniobra aznarista con la guerra de Irak: ni los populares más desahogados y opuestos a ella se han arriesgado a explicitar públicamente cuánto les mortifica esta apuesta diplomática y bélica.

De ahí que nos haya dejado estupefactos el correctivo o corte sin atenuantes que el Ministerio de la Presidencia, o sea, el vicepresidente Mariano Rajoy, acaba de endilgarle a su colega de gabinete Eduardo Zaplana a propósito de la pretendida privatización gestora de TVV. Mediante una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por la diputada de EU Presentación Urán, le han dicho bien claro al ex molt honorable que la gestión del ente público no puede ser transferida bajo ninguna forma, total o parcialmente, a terceros. Tal innovación exige el cambio del marco legal vigente. En otras palabras, que el Consell habrá de envainársela, por más que la propuesta privatizadora haya figurado en los programas autonómicos del PP durante estas dos últimas legislaturas.

¿Habremos de creer que el partido gobernante, incluido su núcleo duro, ignoraba esta reiterada oferta electoral? ¿Ha de darse por bueno que, con toda la polvareda levantada por este asunto, a Madrid no han llegado los ecos de la disputa y la receta elaborada por el Consell para, sin involucrarse, ejecutar tal propósito? Más coherente se nos antoja que, o bien se han soslayado en Valencia las posibles advertencias, o bien alguien o algunos han preparado esta celada o banderilla al ministro de Trabajo, a quien el PP autonómico tiene todavía encomendadas todas sus iniciativas. A partir de ahí puede adobarse cualquier interpretación. La más indulgente apuntaría a una disfunción o falta de coordinación con la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, que bien pudo darle largas a la respuesta. La menos, que han salido a relucir los aceros.

No nos incumbe desde la periferia extremar esta conjetura avalada, eso sí, por esta primera y chocante fisura que hemos percibido en la piña del poder. Algo que no hubiera justificado este comentario si el asunto y su protagonista no nos concerniesen. El protagonista ya se las verá para aliñar la tarascada, pues tablas en el oficio no le faltan. El asunto, decimos de la aludida privatización, adquiere otros tintes tan sombríos que bien pudieran invalidar o aplazar sine die el proyecto, que es una hipótesis acariciada -pero no proclamada- por eminentes miembros del PP indígena.

Hemos de suponer que en los próximos días, una vez sacudida la resaca fallera, el Consell o su vicario para este asunto, el director general del Ente, José Vicente Villaescusa, nos explicarán cómo afrontan este enredo que les ha valido una tarjeta roja. Tampoco nos sorprendería constatar que les ha venido de perlas para dejar las cosas como están y a Zaplana un pelín desairado. La polémica privatización se demorará, de este modo, una legislatura más, sin descolgarse del programa.