Clos denuncia el incumplimiento del plan de vivienda catalán

El último Plan de la Vivienda Catalán (1998-2001), que regula la construcción de pisos de protección, se ha incumplido en un 53%, según un informe realizado por el Ayuntamiento de Barcelona. Para paliar esa situación, el consistorio propone que la Administración central y la catalana aporten solares de su propiedad -residenciales o de equipamientos- para construir más vivienda social. Algo así como una caja única a la que se incorporaría el suelo que gestiona el Ayuntamiento.

El parque de viviendas de Barcelona es en la actualidad de unas 700.000. El Plan de la Vivienda de 1998-2001 preveía la construcción de 40.606 viviendas de protección en toda Cataluña, de las que finalmente sólo se han financiado 18.800. En el caso de Barcelona ciudad, en esos tres años se han acabado 16.200 pisos, de los que 2.586 son de protección, en su mayoría en régimen de compraventa. En Barcelona, la cuota de pisos protegidos en 2002 fue del 15,7%, frente al 8,5% del resto de Cataluña. Otras de las previsiones del citado plan se han visto igualmente incumplidas, como la compra de viviendas de segunda mano para ponerlas en el mercado de protección: las previsiones eran de 9.795 pisos en toda Cataluña y finalmente la cifra se ha quedado en 5.957.

Frente a esos datos negativos, la rehabilitación de viviendas ha superado con creces los objetivos que se planteó el plan, y de las 18.752 viviendas que estaba previsto rehabilitar con financiación pública - con una subvención media de entre 6.000 y 9.000 euros por piso- se ha pasado a 56.200.

Ésas son algunas de las cifras que contiene el informe y a las que ayer aludió expresamente el primer teniente de alcalde, Xavier Casas, para subrayar que en Barcelona el principal esfuerzo inversor en vivienda de protección lo hace el consistorio. Casas se refirió al programa municipal de vivienda protegida 2000-2003, que supondrá un total de 7.407 pisos en régimen de propiedad o alquiler, para jóvenes y asistidos para la tercera edad. El 59% están ya acabados o prácticamente finalizados, el 21% en inicio de obras y el 19% en proyecto. El promotor princicipal es el Ayuntamiento, con el 58,5%. El 17% corresponde a promotores privados y cooperativas sin afán de lucro y la Generalitat (Incasol) construye otro 17%, dedicado al realojo de familias afectadas por planes de reforma urbanística. "En estos casos, el solar es municipal", apostilló Casas, quien añadió que si el Gobierno central y el catalán "pusieran algo más de su parte, se podrían corregir las dificultades para acceder a la vivienda en Barcelona".

De momento, el consistorio promueve la creación de algo parecido a una "caja única" del suelo en la ciudad para que el consorcio de la vivienda -previsto en la parte catalana de la carta municipal- pueda planificar las actuaciones. Con independencia del citado consorcio, Casas insistió ayer en que el Ayuntamiento se puede comprometer a construir pisos de protección -o promoverlos con la iniciativa privada- en los solares de otras administraciones calificados de suelo residencial o de equipamientos. En este capítulo podrían encontrarse los terrenos de Renfe en la Sagrera y los de Cercanías, los de los cuarteles de Sant Andreu y, en el caso de la Generalitat, los que ocupan las cárceles Modelo, de la Trinitat y de Wad-Ras.

Casas se refirió al resultado de la gestión del suelo que ha hecho el consistorio en este mandato. "Se nos acusa de vender el suelo público. En estos cuatro años hemos vendido 20.000 metros cuadrados de vivienda libre más 60.000 de oficinas y terciario. Esto supone el 0,7% del total de 328 hectáreas gestionadas en la ciudad", puntualizó el primer teniente de alcalde, quien añadió que precisamente la venta de suelo es uno de los medios que tiene el consistorio para construir más pisos protegidos: "Por cada piso de protección que podríamos haber construido, en el suelo vendido hemos conseguido hacer tres".