Escondidos para seguir en familia

Desde el pasado 5 de febrero, Francisca N. L. ha prohibido a sus hijos que la llamen mamá cuando la ven en alguna calle del Polígono Norte, una barriada de Sevilla pasto de la exclusión social. Sus cuatro hijos, con edades comprendidas entre los 15 años y los 9 meses, y sus cinco sobrinos, de entre 13 años y 18 meses, viven escondidos en diferentes domicilios desde esa fecha. También los menores en edad escolar faltan a sus respectivos centros desde entonces. Francisca, que vive asomada a la ventana desde ese día, cuenta con la complicidad de sus vecinas, que la avisan de cada rostro extraño que se adentra en la barriada.

El pasado 5 de febrero, Francisca tenía que haberse presentado a las once de la mañana en la delegación provincial de Asuntos Sociales de Sevilla con sus cuatro hijos y sus cinco sobrinos, pero decidió desobedecer la orden del telegrama que recibió en su casa dos días antes para evitar que ingresen en centros de protección de la Junta de Andalucía, que declaró el desamparo de los nueve menores el pasado 9 de octubre.

Francisca tenía que haber entregado a sus cuatro hijos y cinco sobrinos el pasado 5 de febrero

La retirada de los niños responde, según el delegado provincial de Asuntos Sociales, Francisco Obregón, "a una situación que lleva tiempo afectándoles". Obregón se escuda en la necesidad de proteger la intimidad de los menores para no precisar los detalles que conducen a la declaración de desamparo, aunque deja entrever que son "problemas" entre adultos que están perjudicando a los niños y que, lejos de resolverse, "se están haciendo crónicos". "No podemos estar sine die sin tomar una decisión porque los niños sólo tienen una infancia", aduce. En la resolución de Asuntos Sociales se cita una denuncia presentada por Francisca contra su marido en el año 2001 después de una "pelea", según la mujer.

La situación familiar no es, desde luego, convencional.Francisca, de 32 años, cuida de sus hijos y de sus cinco sobrinos con una entrega similar. A casi todos por igual les ha dado de mamar. Ella ha suplido la ausencia de su hermana mayor, Manuela, de 36, que intenta rehabilitarse ahora desde la cárcel, adonde la llevó su adicción a la droga. Sus dos últimos hijos nacieron marcados por esa dependencia.

Cuando hace tres años parió a una niña afectada por el síndrome y con problemas cardiacos, la familia aceptó renunciar a su tutela y dejarla provisionalmente en manos del sistema de protección de menores andaluz, aunque gozaron de un régimen de visitas hasta hace seis meses, cuando la pequeña fue dada en acogimiento preadoptivo a una familia, según Asunción García, la representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que está arropando a la familia en su batalla contra la Administración autonómica.

Por temor a perder a su nuevo hijo, Manuela dio a luz, hace 18 meses, en una clínica privada, a un bebé que también tuvo que superar el síndrome de abstinencia. Incluso antes de que Manuela ingresara en prisión hace cuatro meses, el cuidado de sus cinco hijos descansaba sobre todo en su hermana Francisca y en la abuela de los críos. Las viviendas de ambas se encuentran en el mismo edificio.

De lo relatado ayer en la conferencia de prensa que organizó Derechos Humanos para que Francisca informase de su caso, resultó evidente que son las dos mujeres -madre e hija- las que están implicadas en la atención de los pequeños en mayor medida que los padres. El marido de Manuela salió de prisión hace poco. Asuntos Sociales cita como uno de los factores que también justifican el desamparo "la delegación de las funciones parentales en la abuela materna, ya saturada por la atención a otros menores".

Cuando logró sobreponerse al llanto, Francisca desafió ayer a que indagaran sobre el cuidado de los niños: "No tienen derecho a quitármelos, que pregunten donde sea, en el colegio, en el pediatra, que pregunten si los tengo en malas condiciones". No quiere entregarlos a la Administración, pero también es consciente de que no puede prolongar mucho más el actual escondite ni la incertidumbre. El delegado provincial de Asuntos Sociales invitó a la familia a dialogar, pero fue tajante respecto a la entrega: "No pueden esconder a los menores porque, si no, tenemos que actuar de otra manera".