ELA y LAB convocan a los 60.000 funcionarios vascos a protestar contra "la imposición salarial" del Ejecutivo

Los sindicatos nacionalistas ELA y LAB convocaron ayer para el próximo día 27 concentraciones de protesta ante lo que consideran "imposición salarial" por parte de la Administración autonómica hacia sus más de 60.000 funcionarios.

Ambos sindicatos organizarán previamente, a partir de esta misma semana, asambleas conjuntas en las que llamaron a participar al funcionariado. A juicio de ambas centrales, el Ejecutivo autónomo ha dado por cerrada la negociación de 2003, con una oferta que, a su juicio, queda muy lejos del IPC con que se cerró el año pasado (el 4%).

Las concentraciones 27 fueron definidas por el secretaria general de Servicios Públicos de ELA, Patxi Aguirrezabal, como el "primer escenario" de enfrentamiento con la Administración. Después de esa jornada se planteará un posible endurecimiento de la posición de los sindicatos.

Los responsables del sector público de ambas centrales se concentraron ayer frente a la sede central del Ejecutivo en Lakua, donde criticaron "la actitud prepotente y autoritaria" de la Administración en la negociación del convenio de los empleados públicos para este año.

Las negociaciones salariales entre los sindicatos y el Gobierno quedaron rotas el 21 de febrero pasado, tras no lograr acercar sus posturas sobre el aumento de los sueldos para 2003. La Administración se plantó en una oferta de un 3,2% de subida, pero anunció que, de no alcanzarse un acuerdo, aplicará en la nómina de este mismo mes un incremento de sólo el 2,7%. Eso supondrá, aseguró ayer Aguirrezabal, "una pérdida de un 1,3% sobre el IPC del Estado", cifrado en un 4% y al que el dirigente sindical se remitió como referencia. ELA y LAB han defendido una subida del 5% "para ir recuperando el poder adquisitivo perdido".

El dirigente de ELA acusó también al Gabinete de haber relegado otras cuestiones importantes, como el porcentaje de interinos por cada sector, la consolidacion del empleo temporal, la supresión real de las horas extras y hasta la euskaldunización, sobre todo en Osakidetza y la Administración de Justicia.