El Gobierno cede las bases a EE UU sin la autorización expresa prevista en el convenio

Estados Unidos está utilizando profusamente las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), así como el espacio aéreo y el mar territorial español, para su despliegue militar contra Irak. Según reveló la semana pasada el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, ya se han producido 1.032 tránsitos aéreos y 124 marítimos. Sin embargo, el Gobierno ha eludido aplicar el artículo 2.3 del convenio con EE UU, que señala taxativamente: "Cualquier uso [de las bases] que vaya más allá de estos objetivos [bilateral o multilateral] exigirá la autorización previa del Gobierno español".

El Gobierno ha presentado el uso de las bases por EE UU como una obligación derivada del actual convenio, que se aplicaría de forma prácticamente automática. "El Gobierno", declaró Trillo-Figueroa a RNE el pasado 17 de febrero, "no sostiene que no haya autorizado el uso de las bases, entre otras cosas porque no tiene ningún derecho a hacerlo. Tiene la obligación jurídica internacional de hacerlo y lo viene haciendo y lo que sostiene el Gobierno es que no ha habido ninguna condición fuera del convenio y todo, hasta el momento, lo que se ha pedido está dentro del convenio y tiene precedentes en ocasiones anteriores".

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, dijo el 31 de enero en el Congreso que, "si la guerra es inevitable", el Gobierno adoptará "todas la medidas que se deriven de las responsabilidades asumidas con países aliados y amigos", entre las que mencionó, "como en el pasado, la utilización de las bases militares". Ayer, la jefa de la diplomacia española fue más lejos al señalar que España "ha respondido al acuerdo bilateral que tiene con Estados Unidos y presta apoyo [a las tropas estadounidenses] en el marco del conflicto con Irak".

Lo que no explicó Palacio es cuándo ha autorizado el Gobierno a EE UU a utilizar las bases "en el marco del conflicto con Irak". El artículo 2.3 del convenio es taxativo al señalar que se "concede a EE UU el uso de las instalaciones de apoyo y otorga autorizaciones de uso en el territorio, mar territorial y espacio aéreo españoles para objetivos dentro del ámbito bilateral o multilateral".

El convenio no especifica qué se entiende por ámbito bilateral, pero su preámbulo dice que uno de sus objetivos es "la seguridad y plena integridad territorial de España y EE UU". Tradicionalmente se han entendido incluidas en el ámbito bilateral todas las misiones relacionadas con el apoyo a las tropas estadounidenses destacadas de forma permanente en España, así como las actividades de rutina de la Sexta Flota de EE UU en el Mediterráneo. Respecto al ámbito multilateral, el convenio lo concreta en la participación de los dos países en la OTAN.

"Cualquier uso [de las bases] que vaya más allá de este objetivo exigirá la autorización expresa del Gobierno español", agrega el artículo 2.3. La presencia de tropas de EE UU en bases españolas no significa que éstas puedan ser empleadas en cualquier operación. De hecho, el Gobierno socialista negó en abril de 1986 su permiso para que los aviones cisterna destacados en Zaragoza aprovisionaran a los cazas que atacaron Libia, lo que obligó al Pentágono a trasladarlos antes al Reino Unido.

Siempre que ha habido una utilización extraordinaria de las bases ha ido precedida de una autorización expresa del Gobierno. La última se produjo el 20 de septiembre de 2001, nueve días después de los atentados del 11-S, cuando se autorizó el uso de Rota y Morón para la operación de lucha contra la red terrorista Al Qaeda, que desembocó en el ataque contra el régimen talibán de Kabul.

La decisión se hizo pública mediante una nota oficial, a pesar de que la operación tenía el amparo de una resolución de la ONU y el preámbulo del convenio se refiere a la "fe [de España y EE UU] en los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y su deseo de vivir en paz con todos los pueblos y todos los Gobiernos".

Sin embargo, según todas las fuentes consultadas, en esta ocasión no ha habido un autorización expresa del Gobierno, una decisión política de carácter general, sino autorizaciones caso a caso.

El ministro de Defensa dijo el pasado día 12 en el Senado, interpelado por IU sobre el apoyo español "ante un posible ataque bélico de EE UU contra Irak", que España ha atendido, hasta el momento, "seis peticiones de autorización" de Washington y ha activado tres artículos del convenio: el 18 (sobre uso de instalaciones), el 25 (sobrevuelos) y el 31 (buques).

Aunque Trillo-Figueroa no lo detalló, España ha autorizado la construcción en Rota de alojamientos temporales para más de 600 soldados y de un hospital de campaña con 130 camas, así como el despliegue en Morón de hasta 25 aviones cisterna (10 más del máximo previsto en el convenio).

A pesar de que EE UU lo intentó, la OTAN como tal organización no apoya el ataque contra Irak. Por eso, Bélgica, el país que alberga la sede de la Alianza Atlántica, ha anunciado que no permitirá el tránsito de tropas o material estadounidense por su territorio para una operación que no cuenta con el aval de la ONU.