UGT denuncia que Trabajo sólo ejecutó el 18,5% del presupuesto para planes de empleo en 2002

El Departamento de Trabajo sólo ejecutó en 2002 el 18,5% del presupuesto destinado a planes de empleo, unos nueve millones de euros, mediante los que ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro contratan a parados con serias dificultades para encontrar trabajo. UGT ha denunciado que la negativa del Gobierno catalán a cofinanciar estos planes, subvencionados en parte por el Inem, llevó a muchos ayuntamientos y entidades a no contratar a los parados al no poder asumir los costes. Trabajo, que devolvió al Inem 39 millones, declinó pronunciarse al respecto.

Los planes de empleo tienen por objetivo contratar durante unos seis meses a desempleados que no reciben ninguna prestación y cuyo acceso al mercado de trabajo es dífícil -parados de larga duración, mayores de 45 años, inmigrantes y mujeres- para realizar obras y servicios de interés general y social.

Estos planes estaban totalmente subvencionados por fondos del Inem y del Fondo Social Europeo (FSE) que se transferían a cada comunidad autónoma para que otorgase las ayudas a administraciones públicas -básicamente ayuntamientos- y entidades sin ánimo de lucro.

Pero la reforma laboral impulsada en 2001 por el Gobierno del PP estableció que "los servicios públicos de empleo competentes" deberían cofinanciar los costes salariales y de Seguridad Social de estas contrataciones. En la práctica, según cálculos de UGT, el Inem dejaba de asumir entre el 40% y el 60% del coste total, que debía aportar Trabajo. Pero los presupuestos del Gobierno catalán para 2002 se aprobaron sin tal dotación alegando falta de recursos, explica el responsable de política institucional de UGT, Ciriaco Hidalgo. El director general de Empleo de la Generalitat, Manel Romero, ha rechazado dar su versión.

Así las cosas, la Federación de Municipios de Cataluña y los sindicatos UGT y CC OO negociaron un acuerdo para que se pudiera reducir la jornada laboral efectiva de los parados contratados de modo que las subvenciones estatales fueran suficientes para cubrir todos los costes. Pero Trabajo adujo problemas "técnicos" y "legales" para frustrar el pacto, dado que la patronal Fomento del Trabajo no había participado en él, según Hidalgo.

Como resultado, muchos ayuntamientos y entidades no acudieron a la convocatoria de 2002 y sólo se emplearon nueve de los 48 millones de euros otorgados por el Inem. El número de parados que se beneficiaron de estos planes disminuyó el 64% y pasó de 4.423 en 2001 a 2.848.