Terrorismo y tortura
EL JUEZ DEL OLMO confirmó esta semana la clausura temporal -hasta finales de agosto- de Egunkaria: su empresa editora es acusada de formar parte del entramado terrorista. Los nacionalistas -moderados o radicales- niegan que ETA controle ese diario escrito íntegramente en euskera; además, consideran que el cierre cautelar de la publicación es un ataque a la libertad de prensa y al euskera. El secreto del sumario impide extraer conclusiones al respecto: si los diez directivos o periodistas de Egunkaria ya procesados están amparados por la presunción de inocencia, esa misma garantía procesal protege al juez de la Audiencia Nacional de la acusación de prevaricación que le lanzan sus críticos. La fase sumarial es sólo una etapa del proceso penal: las dudas razonables sobre la fundamentación jurídica, la base indiciaria y la proporcionalidad de las medidas dictadas por el instructor serán despejadas en su día por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
El ministro del Interior responde a las denuncias de torturas de cuatro imputados en el sumario con la interposición de una querella por calumniar a la Guardia Civil y por colaborar con ETA
Cuatro imputados en la causa alegan haber sufrido torturas en las dependencias de la Guardia Civil. Los medios nacionalistas han concedido verosímilitud a esos testimonios incriminadores y han exigido su investigación: esa sensibilidad humanitaria contrasta con la falta de piedad del presidente del PNV hacia la familia de Joseba Pagazaurtundua, la última víctima de ETA. En cambio, el ministro del Interior ha rechazado a bote pronto las acusaciones con el argumento de que la banda terrorista ha dado a sus militantes la consigna de presentar ese tipo de denuncias cuando son detenidos. La tendencia a prestar oidos sordos a las campaña del nacionalismo radical sobre malos tratos hunde sus raíces en un suelo emocional : ¿no fue una cruel tortura de ETA -responsable de mas de 800 asesinatos- el secuestro durante 532 días de Ortega Lara?
No sólo hay razones éticas para combatir la vuelta a la ley del talión. La gente moralmente endurecida podría ser sensible a los razonamientos pragmáticos de carácter prudencial: las torturas de la represión franquista ayudaron a crear el caldo de cultivo del terrorismo. Los gobernantes, en cualquier caso, se enfrentan con un mandato legal; como ha reiterado el presidente Aznar, el terrorismo debe ser perseguido sólo con las armas del Estado de Derecho: así pues, la completa erradicación de la tortura -ordenada por la Constitución- es uno de sus deberes en este ámbito. Desde esa perspectiva, la decisión del ministro del Interior de querellarse contra los cuatro imputados del caso Egunkaria, en vez de abrir una investigación interna o de aguardar a la conclusión de las indagaciones judiciales, resulta incomprensible y está cargada de peligros. La bien pensante y acelerada pareja ministerial de Interior y Justicia debería hacer una pausa para reflexionar sobre el riesgo de que su incondicional respaldo a los agentes denunciados por malos tratos crease los espacios oscuros de impunidad donde la tortura se refugia y prospera.
El ministro Acebes acusa a los querellados de un delito de injurias y calumnias contra la Guardia Civil: sin embargo, las denuncias -falsas o ciertas- se dirigen contra personas concretas, no contra la institución abstracta a la que prestan servicio. La disparatada tesis según la cual sería un imposible metafísico que un agente de la Benemérita maltratase a un detenido está desmentida por los hechos. Con el ominoso precedente del caso Linaza y de otras varias sentencias dictadas contra guardias civiles torturadores, el Supremo condenó en julio de 2001 a un general, a un comandante y a dos ex cabos del instituto armado por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala. La querella acusa también a los imputados de colaboración con banda armada mediante el sofisma de que hicieron sus denuncias sólo para cumplir las instrucciones de ETA : el extraño jeribeque reduplicativo (el sumario de Egunkaria se ocupa también del tipo delictivo de colaboración con el terrorismo) es un truco leguleyo para conseguir que la Audiencia Nacional asuma la competencia sobre el caso.
