Prensa, lengua y justicia

El cierre del único diario en lengua vasca, Euskaldunon Egunkaria, sigue y seguirá trayendo cola, por múltiples razones que se le habrán escapado al juez instructor del caso. Si su único objetivo era -y así debiera serlo- actuar contra el terrorismo, peor no podía haberlo hecho. Ha entrado como un elefante en una cacharrería, llevándose por delante o ignorando preceptos constitucionales, estatutarios y leyes parlamentarias. Ha irritado no solamente a lo que, con bastante imprecisión, se suele denominar los "entornos de ETA", lo cual es bastante comprensible, sino a la gran mayoría de la sociedad vasca y a amplios sectores catalanes, gallegos y otros. Habría que incluir, por lo tanto, a amplios sectores de lo que sin mucho rigor se llama izquierda abertzale, pero que son críticos a la persistencia de la lucha armada, que tanto daño está causando dentro y fuera del país; luchadores antifranquistas, encuadrados otrora en partidos como el PC, LCR, MC, que a lo mejor han coincidido con actuales ministros. Tampoco se puede simplificar la respuesta habida, diciendo que los tres partidos del Ejecutivo vasco (PNV, EA e EB-IU) están constantemente enfrentados con el central -y viceversa, añadiría-, porque destacados dirigentes socialistas tampoco están de acuerdo con la actuación judicial, que ha contrariado a destacadas personalidades sin filiación política del vasquismo, ni siquiera nacionalista, y miles de ciudadanos.

¿Son más importantes los intereses de unos hinchas de fútbol que los derechos de unos ciudadanos?

Si el objetivo judicial era actuar contra el terrorismo, no podría haberse hecho peor.

Considero, como así lo ha afirmado un numerosísimo colectivo de abogados, que "la medida cautelar de cierre del periódico, es ilegítima, ilegal, inconstitucional, injusta, arbitraria, desproporcionada, gravemente lesiva para multitud de personas (entre los que me encuentro ) y grupos ajenos a los hechos investigados, que no tienen la obligación jurídica de soportar esos recortes de sus libertades y derechos y esos perjuicios". Citan los letrados los artículos 20, 24, y 55 de la Constitución, entre otros, amén del artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de varias sentencias del Tribunal Constitucional, que las hago mías, pero para no extenderme no los enumero.

Haré hincapié, como ciudadano español, solamente del punto primero de la citada declaración: "Porque de forma general lesiona las libertades públicas fundamentales de expresión y a comunicar y recibir información vez (art. 20. 1.a y d) de la Constitución y lo hace al conjunto de la sociedad y con especial intensidad a los vascoparlantes, y, entre éstos, a los lectores y a suscritores del periódico y a quienes en el mismo escriben. Porque solo en estado de excepción y de sitio se pueden suspender las libertades de expresión y comunicación (art. 55 de la CE)".

Mientras se ha imputado o investigado a los administradores de sociedades como Banesto o el Atlético de Madrid, ni se cerró el banco ni se cerró el estadio de fútbol o el club, dejando sin trabajo a jugadores, técnicos y otros trabajadores, y sin espectáculo a los aficionados. Y es aquí donde encuentro una posible explicación. Son más importantes y atendibles los intereses bancarios y de la hinchada futbolística de la orilla del Manzanares que los derechos de unos ciudadanos de segunda división y una lengua de tercera regional. Y ése es el segundo punto que quiero analizar.

"Lo que se produce es un desplazamiento de las centralidades culturales tradicionales por la nueva cultura política castellana, que sirve de envoltorio y de vehículo de la expansión del Estado unitario". Es lo que escribía el año 1986 en Lletres Asturianes, órgano oficial de la Academia de la Llingua Asturiana, el amigo y entonces correligionario Francisco José Llera. En el mismo artículo habla Llera de "la prepotencia político-económica de la expansión homogeneizadora del Estado". Tiene Llera otros dos trabajos en la misma revista, Lengua e identidad colectiva: El caso asturiano y El espacio social de la lengua asturiana, que no tienen desperdicio. Sus tesis contrastan llamativamente con las que expone en el artículo Euskera y política publicado el pasado día 8 en este periódico, en el que habla de "lenguas regionales", contraviniendo el Estatuto de Gernika (artículos 1 y 6, entre otros). Lo que en manera alguna puedo admitirle es lo "de concesiones y dejación de responsabilidades", máxime cuando lo dice un miembro de la Academia de la Llingua Asturiana y en un catedrático de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. Lo considero una afrenta al euskera y a su situación diglósica, que él sabe bien que es. Le veo involucionado, y lo siento de veras.

No hace mucho pude leer en una revista jurídica las sorprendentes declaraciones de una juez destinada en el País Vasco que, para eludir la normalización lingüística, se basaba únicamente en textos legales referidos al Poder Judicial, pero en manera alguna los artículos 3.2 y 3.3 de la Constitución, ni el 6 del Estatuto de Autonomía del País Vasco; mucho menos la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del Uso del Euskera. La ideología nacionalista castellanista que dio lugar a aquel partido fascista denominado Juntas Castellanas de Acción Hispánica, que fundara Onésimo Redondo y que todavía persiste simbólicamente en la neotoponimia franquista y que durante siglos se llamó Quintanilla de Abajo, parece estar presente en muchos gobernantes y , en este caso, jueces. El imperativo constitucional ("La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección" se ignora olímpicamente. Que el párrafo constitución anterior diga solemnemente que "Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus estatutos" le traerá sin cuidado, porque no habrá leído ni el artículo 6 de Estatuto de Autonomía del País Vasco, ley orgánica que refrendamos la mayoría de los ciudadanos vascos, ni el 3 del Estatuto catalán, ni el 5 del Estatuto gallego, que consagran a los respectivos idiomas, como "lenguas propias" y que "serán oficiales, juntamente, con el castellano". En cuanto a la Ley 10/1982 y concretamente su capítulo tercero (Del uso del euskera en los medios de comunicación) no quisiera creer que el señor juez instructor lo haya ignorado supinamente, pero es muy probable.

Últimamente no escribía, más que ocasionalmente, en Euskaldunen Egunkaria y no estaba, generalmente, de acuerdo con su línea editorial. Sí colaboré regularmente, con una columna quincenal, durante dos años; desde octubre de 1995 hasta finales de septiembre del siguiente año. He de reconocer que el director, Martxelo Otamendi, de los cincuenta artículos enviados sólo me censuró uno, y ello por una crítica al tratamiento provincialista de algunos temas por el propio periódico, no por ninguna cuestión ideológica, aunque había criticado atentados y actuaciones de ETA en más de alguna ocasión.

Termino, haciéndo mío, como ya lo expresé en el Consejo de Administración de EITB, el comentario de un académico bajonavarro -"citoyen français de nationalité basque", como le gusta decir-, publicado en el semanario labortano Herria, a propósito del cierre de Euskaldunon Egunkaria. Traduzco: "La libertad de los medios de comunicación es imprescindible en una democracia. Gracias a ellos aparecen ideas diferentes, porque la pluralidad es la base de la democracia (...) Cuando se actúa en contra de la prensa, haciéndola callar, amenazando a los periodistas o asesinándoles, como sabemos todos [se refería, como me lo dijo, a un paisano mío, Santi Oleaga y a otro cuyo nombre no se acordaba, López de Lacalle] o encarcelándolos, como ha sido en estos días, queda herida la libertad de expresión y fuertemente golpeada".

José Luis Lizundia, miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia y vocal del Consejo de Administración de EITB, fue parlamentario vasco y ponente por EE de la Ley del Euskera.