El 80% de los contratos de obra del AVE a Lleida incumplió el plazo de ejecución

El retraso de la puesta en servicio del AVE entre Madrid y Lleida viene de lejos. Según se desprende de la fiscalización de los contratos efectuada por el Tribunal de Cuentas entre los años 1999 y 2000, con carácter general se produjeron suspensiones y prórrogas en el plazo de ejecución de las obras en el 80,64% de los contratos supervisados, que suponían más de 1.200 millones de euros (200.000 millones de pesetas) de inversión. El tribunal ya vaticinaba que estos aplazamientos tenían que "afectar sustancialmente a la fecha de finalización y recepción de las obras", como así ha ocurrido tres años después.

El ex ministro Arias Salgado paró obras cuando ya se habían pagado las expropiaciones

La línea no está aún en servicio por demoras en las instalación del sistema de señalización, que el contratista atribuye a su vez a retrasos en la entrega de la plataforma ferroviaria. La mayoría de los retrasos se producen, según la auditoría del Tribunal de Cuentas, por "no disponer inicialmente de los terrenos" o por "otras causas surgidas" en el desarrollo de los trabajos.

De los 31 contratos fiscalizados, sólo seis se ejecutaron en las fechas previstas: la superestructura de Salillas de Jalón, la base de Montagut (donde está situado el intercambiador de ejes para los Talgo/Alaria), la estación de Gutiérrez Soto, en Zaragoza (sede del control de toda la línea) y tres más en la nueva estación de Delicias en la capital aragonesa.

- Suspensiones hasta de nueve meses. Los 19 contratos afectados por suspensiones tuvieron una demora en el inicio de las obras de cinco meses de media. Y en dos tramos, correspondientes a la prolongación de la línea desde Lleida a Barcelona, la suspensión se mantuvo durante nueve meses.

- Prórrogas de 6,8 meses. El Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF, encargado de la ejecución de las obras y dependiente del Ministerio de Fomento) autorizó prórrogas en 15 adjudicaciones de obras por un periodo medio de 6,8 meses. El Tribunal achaca las prórrogas, de nuevo, a la "falta de disposición de una parte de los terrenos cuando la obra ya se está ejecutando" y, "fundamentalmente, a la demora en la aprobación de las modificaciones del proyecto original". Fuentes de Fomento sostienen que el GIF durante su etapa inicial, presidida por Albert Vilalta, se precipitó, al adjudicar los proyectos de las obras con plazos insuficientes para que se elaboraran en condiciones.

- Cambios de trazado. La mayor prórroga sufrida por un contrato duró un año. Corresponde al cambio de trazado del AVE en la zona de Torija (Guadalajara), a petición de los municipios alcarreños y de algunos propietarios de terrenos, como la viuda de Félix Rodríguez de la Fuente, por afección a a un bosque muy apreciado. El entonces ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, mandó parar las obras cuando ya se habían rematado las expropiaciones y abonado las correspondientes indemnizaciones. Se redactó un nuevo trazado y se repitió el procedimiento de información pública.

- Modificaciones de contratos. Las obras de la plataforma de los accesos a Lleida batieron el récord de prórrogas debido a la tramitación de un modificado del contrato. Sufrió tres retrasos consecutivos, que desplazaron la ejecución de las obras 11 meses más tarde de lo previsto. La salida del AVE desde Atocha (Madrid) sufrió otra demora de 12 meses por el hallazgo de restos arqueológicos y la paralización de las obras por parte del Ayuntamiento de Getafe.

- Planificación insuficiente. Al margen de causas puntuales, el Tribunal de Cuentas considera que los retrasos, por regla general, se deben a una "planificación insuficiente" y a las prisas. Esta precipitación es responsable también de la paralización y prórroga de las obras en 27 de los 31 contratos fiscalizados y supuso una demora media de 7,6 meses; 15 de estos contratos superaban los siete meses de retraso y dos llegaron a 15 meses.

- Costes extras. Los continuos aplazamientos de los plazos derivaron en un incremento del coste final de las obras, según el análisis del Tribunal de Cuentas, "no sólo por los reajustes que llevan consigo, sino también por el aumento del número de certificaciones revisadas y del periodo comprendido en las revisiones".

- Accesos a Lleida. Esta obra se inició en diciembre de 2000 con un presupuesto de 5.169.925.317 pesetas. Sólo un año después, el consejo de administración del GIF aprobó un incremento de precio y un nuevo plazo de ejecución. Como resultado, la obra se ejecutó con 15 meses de retraso y un sobreprecio de 780 millones de pesetas.