El Tribunal de Cuentas descubrió excesivas modificaciones de obras en el AVE a Lleida

El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de obras de la línea de alta velocidad entre Madrid y Lleida, gestionados por el ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) referido a los años 1999 y 2000, descubrió múltiples anomalías en el proyecto. Entre ellas destaca, la "excesiva reiteración en la modificación de obras", lo que incidía en "suspensiones temporales y prórrogas" de distintos trabajos con el consiguiente incumplimiento "de los plazos de ejecución" de las obras establecidos en los distintos contratos.

El Tribunal no hace un riguroso examen de todos y cada uno de los contratos firmados por el gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF). Su procedimiento de fiscalización se limitó en este caso a una selección de los contratos. Con todo, el auditor público afirma en su informe que las suspensiones temporales de las obras "hacen previsible el incumplimiento de los plazos inicialmente pactados, y en consecuencia, de las fechas previstas para la recepción y entrega de las infraestructuras".

Estas consideraciones firmadas por el presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto de Alba, están fechadas en junio del año pasado, seis meses antes de que se inaugurara la línea de alta velocidad, según las previsiones mantenidas por el Gobierno del PP desde la época del anterior ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado.

A pesar de la advertencia, su sucesor Francisco Álvarez-Cascos, no modificó un ápice la fecha de inauguración, sostenida también por el anterior presidente del GIF, Juan Carlos Barrón, hasta su cese tras las incidencias registradas en los viajes promocionales de la línea a comienzos de este mes.

Las principales anomalías de la auditoría pública son las que siguen:

- Falta de suelo. El tribunal fiscalizador mantiene que al comprobarse las actas de replanteo, previas al inicio de las obras, "en la mayor parte de los contratos analizados no se disponía de los terrenos sobre los que habían de ejecutarse las infraestructuras proyectadas". Esa circunstancia, añade, "ha dado lugar a la suspensión temporal del inicio de las obras con el consiguiente retraso en su ejecución".

- Modificaciones de contratos.En otro apartado de sus conclusiones, el órgano fiscalizador advierte que se produce una "excesiva reiteración en las modificaciones de los contratos". Normalmente, dice "van acompañadas de acuerdos de prórroga del plazo de ejecución adoptados durante la tramitación o inmediatamente después de la autorización de los modificados, aunque en general, aquellas modificaciones no incluían ampliación de los plazos de ejecución de las obras".

- Problemas de solvencia. Sobre el procedimiento de adjudicación de los contratos, concluye el Tribunal de Cuentas que los criterios de solvencia exigidos a las empresas concurrentes a las licitaciones resultan difíciles de comprobar debido a que resulta complicado concretar su aplicación y que "se lleve a cabo con la garantía de objetividad que exige la legislación aplicable en materia de contratación pública".

- Reserva de inversiones. El Tribunal de Cuentas señala en otros apartados que el GIF no cumplió en esos años, al menos, con la obligación legal de asignar una partida de sus inversiones a la financiación de trabajos de conservación del patrimonio cultural español.

Sostiene también que el órgano que tiene encomendada la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Frontera francesa y el resto de líneas de alta velocidad que se le encomendaron con posterioridad (el tren veloz al noroeste, entre otros) mantiene un desfase entre la financiación que recibió de los Presupuestos Generales del Estado en esos años y el pago de las certificaciones de obra, por lo que sus excedentes de tesorería alcanzaron a finales de 1999 y 2000 la cuantía de 223.198 y 289.239 millones de pesetas, respectivamente.

- Preocupaciones del gestor. El presidente del GIF en aquellos años, Emilio García Gallego, que ahora se ocupa de gestionar los recursos hídricos de Galicia, señala en las alegaciones remitidas al Tribunal, firmadas el 8 de marzo de 2002, que el mantenimiento de los plazos de puesta en servicio de la línea Madrid-Zaragoza-Lleida para 2002 y la Madrid-Barcelona para 2004 era una de sus "grandes preocupaciones en su etapa de presidente". Para alcanzar ese objetivo, Emilio García Gallego aprobó una reorganización del GIF y creó un puesto de trabajo dedicado exclusivamente al seguimiento de los plazos parciales y totales de la puesta en servicio de la línea. "En las reuniones periódicas, siempre se puso énfasis en los plazos finales, sin que en ningún caso y hasta octubre del año 2000, fecha en que dejo la presidencia del GIF, las prórrogas concedidas en los tramos de obra pusieran en peligro los plazos finales de puesta en servicio".

Alega García Gallego, además, que los trabajos no se podían iniciar en muchas ocasiones hasta "disponer de los terrenos de cuya expropiación se encargaba el Ministerio de Fomento".