El fiscal pide que se juzgue al presidente y al comisario del Segura por contaminar la Vega Baja y Murcia

El fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, que se encarga del caso abierto sobre contaminación del río Segura a instancias de Izquierda Unida, ha interesado la apertura de juicio oral como acusados a altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), de la empresa municipal Aguas de Murcia (Emuasa) y de un alcalde, por entender que hay indicios de un delito contra el medio ambiente y de un delito continuado de prevaricación medioambiental. La petición de la Fiscalía murciana contrasta con la de la Audiencia de Alicante, que ha exculpado a los cargos de la Confederación en una causa que se dirige en un juzgado de Orihuela. No obstante, ese juzgado ha decretado la apertura de juicio oral contra todos los acusados, siete empresarios y los cargos públicos para los que la acusación particular pide 4 años de cárcel.

En el escrito de calificaciones, el fiscal murciano solicita la apertura de juicio oral como acusados al presidente y comisario de aguas de la CHS, Juan Cánovas y Antonio Alemán; a sus antecesores, Antonio Nieto y Luis Pérez Séiquer; al ex director gerente de Emuasa, José Luis Hervás; al alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado; así como al responsable de la empresa constructora de la macrodepuradora de Murcia, Román Garrido, y el responsable a pie de obra por la CHS como director de obra Julio Muñoz. Para Antonio Nieto, Luis Pérez Séiquer, Juan Cánovas y José Alemán el fiscal pide cinco meses de prisión.

En su escrito de acusación, el fiscal cita un informe de enero de 2000 de un laboratorio de Elche en el que se pone de manifiesto que las aguas del río "no eran aptas para ningún uso, incluido el agrícola, con la posibilidad de generar, en su caso, peligro para la salud por el riesgo de transmisión de enfermedades que supone su uso para el riego de la huerta murciana y de toda la Vega Baja alicantina".

El escrito de acusación se refiere también a un análisis de un laboratorio de Madrid, según el cual "ninguno de los tramos del río muestreado es apto para usos tales como agrícolas, ganaderos o baño, pesca, suponiendo un peligro para la vida animal o vegetal, no siendo apto ni para el regadío de plantaciones, suponiendo el riego de esas aguas en productos hortofrutícolas un posible peligro para la salud de las personas (...)"