El Parlamento navarro aprueba una declaración sobre los fusilamientos del 36 que acusa a la Iglesia

El Parlamento navarro ha desatendido la amenaza de una denuncia por injurias hecha por el arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián. La declaración de reparación moral para los 3.000 republicanos fusilados en 1936 aprobada ayer incluye la polémica consideración de que las ejecuciones se llevaron a cabo "no sólo con el beneplácito de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia católica, manifestada públicamente a favor del llamado Alzamiento, sino en algunos casos con su participación directa".

La mayoría de la Cámara desoyó la advertencia del arzobispo, que había pedido por carta la retirada del citado párrafo al considerarlo "injurioso" con la Iglesia. Sebastián amenazó con denunciar ante la justicia ordinaria a quienes apoyaran tal pronunciamiento.

El PSOE, IU, CDN, EA-PNV, la disuelta Batasuna y Batzarre mantuvieron su apoyo a la declaración, redactada en su origen por una asociación de familiares de fusilados y desaparecidos de la comunidad. Sólo el partido en el Gobierno foral -Unión del Pueblo Navarro (UPN, la marca del PP en Navarra)- se desmarcó de la declaración de recuerdo y reconocimiento hacia los millares de republicanos (socialistas, ugetistas y nacionalistas vascos en su mayoría) fusilados por el régimen de Franco en una comunidad que no se llegó a ver afectada directamente por los enfrentamientos bélicos de la guerra.

UPN se negó a apoyar un texto que declara que "nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios". La abstención de sus 22 parlamentarios y la intervención del presidente navarro, Miguel Sanz, que justificó esta postura para no votar junto a Batasuna, provocaron los abucheos y las indignadas recriminaciones de los varios cientos de familiares de las víctimas que asistían invitados a la sesión parlamentaria.

"No podemos votar en contra de las víctimas del 36", indicó Sanz, "pero tampoco junto a los verdugos de las últimas víctimas de la violencia terrorista" [en referencia a los parlamentarios de la suspendida Batasuna presentes en la Cámara]. "¿Qué tiene que ver?, ¿qué tiene que ver?", le gritaron insistentemente desde los asientos del público, consternado al escuchar que Sanz interpretaba el texto de la resolución como un ejemplo de "sectarismo político" del partido socialista, que a su juicio estaría intencionadamente dirigido a buscar el rechazo de UPN y el "abrazo" de Batasuna.

El breve discurso de Sanz, que defendió las tesis del arzobispo Sebastián y pedía la inclusión de una mención expresa a ETA, fue interrumpido en varias ocasiones y generó incluso el abandono del hemiciclo de algunos familiares de los represaliados.

Instantes antes, Juan José Lizarbe, secretario general del PSN-PSOE, había expresado el respaldo socialista a un manifiesto "que cierra la deuda pendiente de 67 años sin reparación moral hacia quienes murieron por defender la legitimidad democrática republicana y las libertades". Lizarbe también reprochó, pero desde el apoyo al texto parlamentario, la actitud de quienes no condenan el terrorismo o apoyan la guerra como instrumento político.

La recriminación del arzobispo de Pamplona y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española llevó al partido del ex presidente navarro Juan Cruz Alli, el centrista Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN), a intentar modificar el párrafo del manifiesto cuya retirada quería Fernando Sebastián. CDN propuso sustituir la apelación directa a la connivencia eclesial en los fusilamientos por un texto de matiz muy distinto en el que se hablaba de la "participación y apoyo directo" de la Iglesia católica española a la "sublevación militar". Pero la Junta de Portavoces lo rechazó, así como la petición de Alli de votar por puntos la resolución, por lo que sus diputados optaron finalmente por apoyar la resolución.