Pendientes de su seguridad

Los países de nuestro entorno más inmediato -Francia, Reino Unido, Holanda, Italia...- han evidenciado recientemente, en sus respectivas citas electorales, la creciente preocupación de la ciudadanía por los asuntos de seguridad.

Cataluña y España no son una excepción. Todos los instrumentos de prospección y análisis así lo indican y, prueba de ello, es el debate todavía existente sobre la batería de propuestas del Gobierno central: reforma de parte de la normativa procesal y penal, e incremento de los recursos de los cuerpos policiales para afrontar con mayor eficacia el creciente fenómeno de la inseguridad.

Es cierto que hay datos que motivan una cierta preocupación y justifican que el debate público y la agenda política insistan en la materia: el incremento de cierto de tipo de pequeños delitos, sobre todo los relacionados con el patrimonio, la presencia de algunas bandas de delincuencia organizada, la impunidad de algunos infractores habituales...

La seguridad se ha instalado definitivamente en el centro de atención de nuestra sociedad

Por lo que se refiere a Cataluña, desde el Gobierno de la Generalitat somos muy conscientes de todo, es nuestra obligación. Y para no reducirlo a pura retórica, citaré algunos ejemplos de la prioridad que nuestro Gobierno ha otorgado a esta problemática: el despliegue de los Mossos d'Esquadra en los últimos ocho años (casi 8.000 agentes forman parte del cuerpo y en pocos años llegaran a 15.000), la inversión de más de 1.000 millones de euros invertidos en los últimos cinco años en la Administración de Justicia o el impulso pionero de la justicia rápida en Barcelona, hace ya 10 años.

Pero lo más importante no son las cifras. Lo más destacado es el desarrollo de un nuevo sistema integral de seguridad pública para Cataluña que sea capaz de planificar, ejecutar y evaluar verdaderas políticas públicas en materia de seguridad.

Nuestro proyecto parte de la convicción de que el tratamiento de la seguridad debe recaer sobre iniciativas no precipitadas ni mediatizadas por la agitación partidista o la actualidad mediática. Hay que demostrar eficacia policial en los grandes casos que aparecen en los medios de comunicación, pero también en el día a día, en aquellos asuntos que no aparecen en la prensa. En eso estamos.

Los gobiernos tienen que ser sensibles, por supuesto, a la demanda social y ágiles en la respuesta a los problemas que empañan la tranquilidad de nuestra ciudadanía. Pero aportando un plus de responsabilidad y serenidad en un asunto que es de naturaleza estructural. Esto significa que únicamente obtendremos resultados eficaces y de mejora del bienestar colectivo si trabajamos desde el rigor y la constancia. Ilustraré esta afirmación con dos ejemplos muy reveladores. Cataluña es la única comunidad autónoma del Estado con competencias en el ámbito penitenciario. En 1984 optamos por una política orientada a la recuperación para la sociedad de aquellas personas que hubieran delinquido. Optamos por la reinserción sin olvidar la función de la custodia, las dos forman parte del mandato constitucional. Algo no funciona cuando falla uno de estos dos componentes.

Otra muestra, esta vez en el terreno de la seguridad ciudadana. El pasado día uno de enero, los Mossos d'Esquadra asumieron las responsabilidades de policía en Sant Adrià de Besòs. Sus instalaciones se sitúan en el barrio de La Mina, uno de los tradicionalmente más degradados del área metropolitana de Barcelona. El primer balance es gratificante a pesar de algunos problemas previsibles cuando el objetivo es que impere la legalidad. La mayor parte de la comunidad vecinal, con el alcalde en primera línea, han alabado el proyecto realizado. No únicamente por el incremento de la presencia policial, sino por el hecho de haber dado, desde hace tiempo, un tratamiento integral a la mejora y reforma del barrio, en equipamientos públicos, vivienda, educación... y por haber entendido y haber actuado conforme a la concepción de que la seguridad es una condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo colectivo de una comunidad.

Este es nuestro modelo. El que se basa en las actuaciones de fondo, preventivas y reactivas, que intenta atacar las causas de los problemas y no acude simplemente a los remiendos efectistas pero provisionales. Y no es asunto fácil porque requiere planificación, constancia, tiempo, dinero, trabajo en red, cooperación con otros operadores públicos y privados, participación ciudadana y transparencia en la manera de actuar.

La reciente reestructuración y fusión de los departamentos de Justicia e Interior de la Generalitat también se inscribe en esta línea. La voluntad es sumar esfuerzos y políticas en materias que si no se ejecutan de manera coordinada no permiten la obtención de resultados eficaces y eficientes. Responde a la ecuación de que más justicia es igual a más seguridad.

La inminente aprobación, si así lo acuerda el Parlamento, de la Ley de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Cataluña contribuirá definitivamente a formalizar este modelo. Así dejaremos atrás definitivamente la estricta concepción policial o de seguridad ciudadana para sustituirla por la de la seguridad pública y las políticas públicas de seguridad (entre otros aspectos, la ley fija el sistema de autoridades, la preeminencia de la prevención, los mecanismos de coordinación y cooperación de las administraciones -Generalitat y ayuntamientos- y los servicios, así como los instrumentos de participación ciudadana).

Llegados a este punto, es importante destacar los siguientes aspectos: la seguridad se ha instalado definitivamente en el centro de atención de nuestra sociedad y es y será un ámbito de actuación preferencial del Gobierno de Cataluña. El tratamiento que requiere es de un gran consenso político, institucional y también social. La seguridad no debe ser utilizada como arma arrojadiza de cuño electoral. Debe abordarse desde la cultura de las políticas públicas integrales y no únicamente desde el prisma policial, necesario pero insuficiente por sí solo. Ha de dar prioridad a los ámbitos básicos para la pervivencia de nuestro sistema de valores y convivencia democráticos: protección a los sectores más vulnerables (menores, gente mayor, personas que han sido víctimas...) y erradicación de las violencias racista y xenófoba, doméstica, la que afecta a los espacios públicos, etcétera.

Desde la Generalitat tenemos los objetivos claros y estamos pendientes de su seguridad.

Núria de Gispert es consejera de Justicia e Interior de la Generalitat de Cataluña.