Nueve juzgados investigan a la familia Ruiz-Mateos y su entorno

Al menos nueve juzgados de instrucción de Madrid investigan al empresario José María Ruiz-Mateos, a su familia y su entorno financiero. Las pesquisas judiciales son fruto de denuncias y querellas interpuestas por la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, y en ellas se indagan supuestos fraudes a Hacienda por decenas de millones de euros, así como supuestos entramados financieros en paraísos fiscales.

Uno de los supuestos fraudes que se imputan a miembros de esta familia se investigan en el Juzgado de Instrucción 5 de Madrid, cuya titular es Carmen Valcárcel. Este fraude tiene relación con el equipo de fútbol del Rayo Vallecano, que preside Teresa Rivero, esposa del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos.

La juez Valcárcel ha ordenado la retención de algo más de seis millones de euros correspondientes a los derechos de televisión del Rayo Vallecano de la temporada pasada.La confiscación preventiva de ese dinero se debe a que, según la juez, el club retuvo a los jugadores del equipo las cantidades del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los últimos ejercicios y, sin embargo, tales cantidades, según la juez, no fueron ingresadas en Hacienda.

Diligencias

Los otros juzgados de la capital madrileña que investigan las finanzas de miembros de la familia Ruiz-Mateos por supuestos delitos fiscales son el número 34 (diligencias previas 2397/97), el número 18 (diligencias 3866/97), el número 22 (diligencias 1631/98), el número 17, en relación con las Bodegas Garvey (diligencias 2509/2001), el número 19, en relación con la empresa Virmex (diligencias 3907/2000) y el número 31, en relación con Corporación Financiera Hispano Suiza. Las diligencias que tramita este último juzgado, el 31, no son por fraude fiscal, sino por supuestos delitos de alzamiento de bienes y estafa a inversores vinculados al Opus Dei. Según las pesquisas, el empresario jerezano captó seis millones de euros de estos inversores y nada se sabe del paradero del dinero, según fuentes jurídicas. También investiga por delito fiscal a miembros de la familia Ruiz-Mateos, en concreto a dos de los hijos del empresario, el Juzgado de Instrucción 21 de Madrid. En este caso por un asunto relacionado con la firma Bolivia 23.

Una de las denuncias más recientes interpuesta por la fiscalía de delitos económicos contra miembros de esta familia está dirigida contra Francisco Javier y Álvaro Ruiz-Mateos -hijos del empresario-, así como contra Enrique Coca y Teresa Bueyes. La fiscalía les imputa tres delitos contra la Hacienda pública relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 1998 y 1999 y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente al ejercicio de 1999. El fiscal atribuye a los denunciados un fraude tributario que supera los seis millones de euros.

Según la fiscalía, la sociedad Waltari, SL, fue constituida en 1994 con un capital social de 3.000 euros y su objeto social era la organización, promoción y participación en negocios inmobiliarios. Esta sociedad fue fundada por José Castellano Sánchez y Joaquín Ivancos, ambos vinculados a la familia Ruiz-Mateos. En julio de 1995, se acordó una ampliación de capital por algo más de dos millones de euros, que fue suscrita por la entidad Promotora de Viviendas Santoña, que aportó seis fincas situadas en Valdemoro.

El 17 de octubre de 1996, fueron nombrados administradores solidarios de esta sociedad Francisco Javier y Álvaro Ruiz- Mateos. Asimismo, y en enero de 1999, se acordó otra ampliación de capital por importe de 1,8 millones de euros (unos 315 millones de pesetas), que en esta ocasión suscribió la entidad Milsen Finance INC, con domicilio en Belice.

Administradores

Asimismo, en mayo de 1999 la sociedad volvió a cambiar de administradores en favor de Enrique Coca y Teresa Bueyes, que perdieron en 2.000 esta condición. los cuales fueron destituidos, a su vez, en febrero de 2000, dejando paso a Noelia Gbetie, una vecina de la República de Benin, situada entre Nigeria y Togo.

Según la fiscalía, y respecto al ejercicio de 1998, la sociedad Waltari presenta en su cuenta corriente del Banesto unos ingresos "de injustificada procedencia" que ascienden a 6,85 millones de euros (1.139 millones de pesetas), lo que implica que se defraudó a Hacienda una cuota de casi 2,3 millones de euros (377 millones de pesetas). En el ejercicio de 1999, Hacienda descubrió otros 4,6 millones de euros (776 millones de pesetas) "de ingresos no justificados" en la citada cuenta de Banesto y en otra del Banco Santander Central. Asimismo, figura que no se ha pagado el IVA correspondiente a la venta de las seis fincas de Waltari en Valdemoro. Estas se enajenaron por 8,41 millones de euros (1.400 millones de pesetas), de lo que se derivó un IVA repercutido tasado de 1,3 millones de euros (224 millones de pesetas).

El fiscal considera que el monto total defraudado en todas estas operaciones asciende a 6.402.708 euros. Por ello, ha pedido que se cite como imputados de delitos fiscales a los denunciados. En nombre del Rayo Vallecano, Álvaro Ruiz-Mateos explica que la retención de los derechos de televisión del año pasado "es una medida cautelar, no un embargo" que se engloba dentro de las inspecciones que Hacienda está realizando a todos los clubes", si bien, precisa, "las actas aún no están cerradas".

Respecto a la firma Waltari, en la que figura como denunciado, señaló que él había sido "administrador solidario de un montón de firmas" y que no recordaba este caso concreto. Y sobre los otros casos, dijo que no eran de su competencia y que los ignoraba.