Terrorismo y torturas

La denuncia pública de malos tratos y torturas por parte del director de Egunkaria ha añadido tensión a una atmósfera ya muy cargada por el cierre cautelar de ese diario en lengua vasca, ordenado por el juez que investiga su posible relación con tramas financieras y de comunicación de ETA. La cuestión de la tortura, tema de gran actualidad en los años de la transición, y todavía en los ochenta, hace tiempo que había quedado reducida a una apelación ritual, y poco creíble, de los medios de propaganda de ETA y su entorno. Pocas cosas agradecería tanto la debilitada ETA actual como un reverdecimiento de la cuestión.

Sobran motivos para desconfiar de las denuncias del entorno de ETA. Se sabe que la dirección de la banda ordena a los suyos denunciar torturas siempre que sean interrogados por cualquier cuerpo policial. En el caso del director de Egunkaria, Martxelo Otamendi, se añade la incongruencia de denunciar ante la prensa lo que se resiste a denunciar ante el juez. Extender la sospecha contra las fuerzas de seguridad de un Estado democrático sin riesgo de que una investigación descubra la falsedad de las denuncias revela un comportamiento ventajista, inaceptable en un Estado de derecho. Y es falaz alegar que no sirve para nada recurrir a los tribunales: ha habido agentes procesados y condenados por torturas.

Pero si los ha habido, y si Amnistía Internacional ha constatado casos más o menos aislados hasta fecha no lejana, es que la posibilidad de malos tratos o torturas no es inimaginable, algo imposible por definición, como parecen dar por supuesto los ministros de Interior y Justicia. Es cierto que la carga de la prueba corresponde a quien acusa, pero la prudencia política aconsejaría no descartar extralimitaciones por parte de funcionarios. La legislación española es de las más garantistas en relación a los detenidos acusados de terrorismo, en particular por la asistencia letrada desde el momento de la detención y la visita diaria del médico forense. De ahí que ninguna organización seria de derechos humanos o de juristas otorgue credibilidad a la acusación de los medios próximos a ETA de que se sigue torturando de manera sistemática, "como en el franquismo"; pero eso no signifiuca descartar la posibilidad de casos aislados.

Hay una enorme hipocresía en los gobernantes nacionalistas de Euskadi, que dicen dar credibilidad a las denuncias de Otamendi apenas una semana después de haber anunciado medidas contra las falsas denuncias de torturas planteadas por el entorno etarra contra la Ertzaintza. Pero el relato del director de Egunkaria -las vejaciones de carácter homófobo, la práctica de la bolsa- es compatible con la ausencia de huellas físicas de malos tratos constatada por el forense, que visitó al detenido cada día. Lo prudente sería una investigación sobre la acusación de Otamendi, sin escudarse en la ausencia de denuncia formal para rechazarla. Y tomar medidas que refuercen las garantías del detenido si surgen dudas.

Porque lo que no resulta aceptable es considerar un mal necesario la práctica de la tortura cuando se trata de terrorismo, un tema que ha vuelto a plantearse tras el 11-S en países como Estados Unidos y Alemania. La experiencia indica que no se vence al fanatismo, cuya manifestación extrema es el terrorismo, con discursos morales y tampoco con concesiones políticas, sino con hechos que demuestren que no hay impunidad y que nunca alcanzará por la violencia los objetivos que invoca. Es decir, con las armas del Estado de derecho. Pero sólo con ellas. Intentar desbordar sus límites mediante atajos como la guerra sucia o la tortura no garantiza mejores resultados en la lucha antiterrorista; al revés, la experiencia ha demostrado que con frecuencia es un factor que favorece la reproducción generacional del terrorismo. La tortura no es eficaz, y aunque lo fuera, también sería inaceptable.