Las empresas de telecomunicaciones podrán ser multadas hasta con 20 millones

El Gobierno ha alzado la espada de Damocles de las sanciones sobre las empresas de telecomunicaciones que hagan juego sucio con la competencia. Los operadores que se salten las instrucciones del órgano regulador del sector se arriesgan a tener que pagar hasta 20 millones de euros, según el Proyecto de Ley General de las Telecomunicaciones, al que el Gobierno dio ayer luz verde. El proyecto de ley, que persigue consolidar un mercado liberalizado a finales de 1998, elimina la obligación de contar con una licencia para poder operar y recoge derechos nuevos para los usuarios.

El robustecimiento del régimen de sanciones pretende compensar que ya no vaya a ser necesario tener una autorización administrativa, con la correspondiente licencia, para poder ofrecer servicios en este mercado. Es decir, para compensar una rebaja en el papel de la Administración.

Así, el proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros y que empieza su recorrido parlamentario inventa una nueva multa económica, de 60.000 euros, para los representantes legales y los directivos de una empresa culpable de infracción. Y amenaza hasta con inhabilitar a los operadores díscolos con las normas y con expulsar del mercado los equipos y aparatos que no cumplan los requisitos esenciales. En el nuevo régimen sancionador también se introducen infracciones por incumplir los límites de emisiones en las antenas.

Las supermultas de hasta 20 millones se acotarán, sin embargo, a las infracciones muy graves que tengan que ver con mercados de referencia y con operadores con un poder significativo en un mercado. El resto de las infracciones muy graves tendrá una sanción tope de dos millones de euros, mientras las graves se pagarán con 500.000 euros.

Además de este capítulo sancionador, el proyecto de Ley aspira a zanjar el hasta ahora enmarañado reparto de competencias de que son objeto las telecomunicaciones entre los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Economía y, sobre todo, con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), aunque el Consejo Económico y Social (CES) advirtió recientemente en su dictamen sobre la ley que se mantiene cierta "descoordinación" e "inseguridad jurídica" al respecto, además de pedir también que el Estado sufragase una parte de lo que cuesta asegurar que todos los ciudadanos, también los que viven en zonas poco rentables, puedan tener acceso telefónico a un precio asequible (el llamado "servicio universal", ahora extensible al acceso a Internet).

El Gobierno asegura que la nueva ley reforzará el papel de la CMT, el árbitro de este mercado, porque le atribuye tareas como supervisar los distintos mercados mediante análisis periódicos, una tarea que de facto ya realiza y que ahora se sistematiza. El regulador tendrá poder para definir los mercados regulables, que Bruselas manda aumentar de cuatro a 18. Pero no todo el mundo cree que la CMT sale tan reforzada. Fuentes del sector han criticado por lo bajo "el recorte de algunas atribuciones" que se esconde tras el pesado redactado jurídico de la futura nueva ley. Y es que ésta modifica la Ley 12/1997, de 24 de abril, que dejaba en manos de la CMT "salvaguarda" las condiciones de competencia. Ahora, se limitará a "fomentarla".

Una patronal adscrita a la CEOE, que prefiere no ser citada, incluso expresó por escrito a la propia CMT su "sorpresa" y también su "temor" de que este cambio "impida a las empresas acudir a la CMT" como garante de la competencia, "en beneficio de los Tribunales y Servicios de Defensa de la Competencia", en la órbita del Ministerio de Economía. La no especialización de este servicio corre el riesgo de retrasar los dossieres que pasen por su mesa.

Derechos del usuario

El proyecto de Ley (que no ha gustado al PSOE porque a su juicio falla en la liberalización real del sector y en lograr un marco transparente y que estudia presentar un texto alternativo), introduce derechos nuevos para los usuarios, como impedir gratis la identificación de llamadas y como poder elegir que no se reciba publicidad mediante llamadas automáticas, fax o correos electrónicos.

El nuevo marco fija una serie de garantías de obligado cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas con los operadores, empezando por los derechos de éstos a ocupar el dominio público para desplegar sus redes. Las tasas económicas para las empresas seguirán criterios que fije la normativa comunitaria, para evitar que unas tasas demasiado altas desanimen la entrada en el mercado de nuevos rivales.

Pese al refuerzo del régimen sancionador, fuentes próximas a la CMT expresaron algunas "dudas" sobre la posibilidad de que, con la ley en la mano, hubiera sido posible imponer la última gran multa impuesta en julio pasado por la CMT a Telefónica, que se elevó a 18 millones. Esta sanción, recurrida, atacaba las trabas a la competencia que suponen los descuentos abusivos del ex monopolio a asociaciones de empresas. "No está claro que los llamados grupos cerrados de usuarios puedan meterse en este paquete de sanciones por infracción muy grave", subrayan los expertos consultados.