El Gobierno y la Junta pactan los costes indirectos de las políticas activas de empleo

El Gobierno central y la Junta dieron ayer un paso más en la recta final del traspaso de las políticas activas de empleo a Andalucía. Representantes de ambas Administraciones acordaron en Madrid cuánto dinero asignará cada año el Ejecutivo central para cubrir los costes indirectos asociados a la labor de los 1.627 funcionarios y al funcionamiento de las 190 oficinas incluidos en la transferencia. Con los costes indirectos acordados, sólo queda por cerrar el listado definitivo de los funcionarios y el texto del decreto que culminará la negociación.

El director autonómico de Empleo, Antonio Toro, precisó que ayer se acordó cifrar en 1,2 millones anuales los costes indirectos asociados a las oficinas y que para los gastos vinculados al personal se partirá de los 1,7 millones consensuados en noviembre. Esta última cifra depende del listado definitivo de funcionarios involucrados en el traspaso, que el Inem se ha comprometido a formalizar la próxima semana.

Toro indicó que en los próximos días ambas Administraciones también concretarán la redacción definitiva del decreto del traspaso, que será efectivo a partir del 1 de mayo. En ese texto, la Junta pretende que se reconozca que las iniciativas incluidas en el antiguo Plan de Empleo Rural constituyen políticas activas y alguna fórmula de cogestión, aunque queden bajo titularidad estatal.

Finales de marzo

Toro prevé que estos asuntos se resuelvan la próxima semana, por lo que la ponencia técnica previa a la comisión mixta de traspaso se celebrará "sobre el 20 de marzo". Los aspectos esenciales de la transferencia ya quedaron definidos en la anterior ponencia técnica, a finales de febrero: El Gobierno transferirá 1.627 funcionarios, 190 oficinas, dos centros de formación, 8,4 millones al año para cubrir los costes directos del funcionamiento, 4,2 millones anuales para inversiones y un pago único de 6,6 millones para obras pendientes. Esta estructura administrativa permitirá a la Junta gestionar directamente los 240 millones de euros asignados a Andalucía para financiar las políticas activas de empleo.