PP y PSOE buscan un pacto para regular las emisiones de bancos y cajas en paraísos fiscales

El PP y el PSOE negocian estos días una salida para que bancos y cajas de ahorros puedan emitir en España las llamadas participaciones preferentes sin que Hacienda les pida cuentas del pasado. Estas emisiones se han desarrollado desde el año 1997 a través de filiales en paraísos fiscales -sobre todo en islas Caimán-, sin coste fiscal para la matriz y por un volumen superior a 15.000 millones de euros. La salida política se instrumentaría a través de una enmienda a la Ley de Blanqueo de Capitales, que se tramita en el Congreso. Hacienda inició hace dos años una investigación al respecto sin que hasta la fecha se haya pasado de la fase de solicitud de información, con el riesgo de que las deudas pueden prescribir.

Los dos partidos mayoritarios ya intentaron dar una solución a un problema que cada vez preocupa más al Banco de España, mediante una modificación de la Ley Financiera. No fue posible y ahora la nueva oportunidad está en la Ley sobre Blanqueo de Capitales, que se tramita en el Congreso. El lunes acaba el plazo de presentación de enmiendas al articulado y tanto el PSOE como el PP quieren acordar una salida.

Las participaciones preferentes son utilizadas por bancos y cajas para aumentar sus recursos propios, pero por sus características no pueden ser emitidas en España. Se utilizan por ello sociedades en paraísos fiscales -que a veces no son más que un apartado de Correos en el que coinciden varias de ellas-, sobre todo en Islas Caimán, de forma que el coste fiscal sea nulo.

El mecanismo es triangular y consiste en que la sociedad en el paraíso fiscal capta los fondos (participaciones preferentes) entre los ahorradores y se los envía a la matriz. Ésta remunera esos fondos mediante el pago de intereses a la filial y se los deduce como gasto en su impuesto de sociedades. La filial retribuye a los inversores en forma de dividendos. Al ser éstos procedentes de un paraíso fiscal no tienen la retención del 15% que se aplica a otros instrumentos de ahorro.

Desde el punto de vista fiscal, la operación plantea grandes dudas. La postura del Ministerio de Hacienda, expresada a través de un informe del Servicio Jurídico, es que los intereses que paga la filial a la matríz son en realidad dividendos y, por tanto, no deducibles del impuesto de sociedades. En el aspecto penal, sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción archivó en febrero pasado la investigación a cuatro cajas andaluzas por este motivo, al considerar que existe un vacío legal.

El temor de las entidades financieras, que a mediados del pasado año tenían vivos unos recursos de algo más de 15.000 millones de euros por este procedimiento, es que Hacienda les requiera ahora lo que se han podido deducir de más en el impuesto de sociedades. Sobre todo, a raíz de que a finales del pasado año, la Agencia Tributaria les pidiera información sobre sus actividades en paraísos fiscales. El acuerdo entre el PP y el PSOE llevaría tranquilidad al sector, al dar cobertura legal a estas emisiones en España y hacer que Hacienda no pida cuentas del pasado.

"Riesgo de reputación"

La preocupación de las entidades es compartida por el Banco de España, que en 2001 les advirtió de que estas emisiones no debían superar el 30% de sus recursos propios. Las entidades levantaron entonces el pie del acelerador. Los datos de 2001 indican que algunas como el SCH y La Caixa habían superado ampliamente ese 30%, mientras que el BBVA se quedaba en el límite.

Las recomendaciones internacionales de solvencia tampoco respaldan estos métodos. Dado que las participaciones preferentes se destinan al mercado minorista, no tienen liquidez inmediata y la rentabilidad que ofrecen es alta (más del 5%), las entidades que se financian así "podrían incurrir en un riesgo de reputación", dice el Banco de España en su último Informe sobre Estabilidad Financiera.

El otro temor del Banco de España es que si Hacienda levanta actas a bancos y cajas, éstos se vean obligadas a provisionar en un año difícil después de la crisis argentina. Pero Hacienda no le ha imprimido demasiada celeridad al caso. A pesar de que las participaciones preferentes están en auge desde 1997, aún está pendiente determinar si las sociedades en Islas Caimán actúan como mera empresa pantalla, cuya dirección efectiva está en España. Cuanto más se tarde en rematar la investigación, menos se les podrá exigir a las entidades, ya que las deudas con Hacienda prescriben a los cuatro años.