La Guardia Civil detiene a los alcaldes de Buñol y Macastre al abrir el paso de camiones de basura
Delegación del Gobierno y vecinos ofrecen versiones contradictorias de la carga policial Unas 2.000 personas se manifiestan en Buñol en solidaridad con los detenidos
El transporte de las basuras de Valencia al vertedero de Dos Aguas por Buñol y Macastre se retomó ayer, pero derivó en la detención de los alcaldes de las dos localidades, Minerva Gómez y José Luis Sáez, ambos de Esquerra Unida, de una concejal y de otras tres personas tras una carga policial contra vecinos que intentaban impedir el paso de camiones. Varios manifestantes sufrieron heridas por la intervención del grupo de antidisturbios de la Guardia Civil, mientras ésta afirmó que tres agentes están lesionados. Los detenidos fueron puestos en libertad por la tarde mientras arreciaba la tormenta política y los vecinos de Buñol salían de nuevo a manifestarse.
La empresa del vertedero de Dos Aguas intentó en la madrugada de ayer restablecer la ruta por Buñol y Macastre tras los autos hechos públicos la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que permiten el paso de los camiones a una velocidad de 20 kilómetros por hora y con la basura cerrada herméticamente. Pero la llegada de los camiones y su mal olor devolvió a los vecinos a la calle y acabó con varios heridos y seis detenidos.
Hacia las 5.30 de ayer, un convoy de 14 camiones inició su entrada en el casco urbano de Buñol, donde seis de ellos fueron detenidos por la Policía Local, que pretendía comprobar la documentación y certificar que la carga se llevaba bien cubierta, como prescriben los autos del TSJ. Las versiones de los testigos y de la Delegación del Gobierno sobre el suceso comienzan a diferir en ese momento. Según informaciones recogidas en Buñol, mientras la Policía Local controlaba estos camiones, otros cinco burlaron la vigilancia y continuaron el trayecto hasta que fueron detenidos por un grupo de vecinos. La Delegación del Gobierno, que encabeza Juan Cotino, por contra, afirmó en un comunicado que "tras mostrar la carga que llevaban, la Guardia Civil requirió a la Policía Local que les dejara pasar, y así se hizo". Ante la oposición de unos 20 vecinos que cruzaron un paso de peatones con una pancarta para impedir el viaje de los vehículos, la Guardia Civil exigió que "no obstaculizaran el libre tránsito", dice la Delegación del Gobierno, ante lo cual los manifestantes "lanzaron algunos objetos contra los camiones produciéndose daños".
Según participantes en la protesta, acudieron al lugar efectivos de la Guardia Civil de Buñol y Requena que cargaron contra ellos y causaron heridas a varios, como a Tonibel Zanón, que tiene una brecha en la cabeza y anunció que presentará una denuncia. La nota de la Delegación del Gobierno no menciona ningún enfrentamiento hasta una hora después, cuando ya estaba presente la alcaldesa de Buñol, Minerva Gómez. Ésta no presenció el primer choque con la Guardia Civil, ya que se hallaba junto a la Policía Local. Ya junto a los vecinos, explicó a un capitán de la Guardia Civil de Requena que, como máxima autoridad local, quería que los camiones regresasen a su base porque no cumplían el acuerdo plenario al no ir "herméticamente cerrados". "Y lo demuestra que allí había un olor insoportable, y lixiviados en la carretera que aún se pueden ver", comentó Gómez.La Delegación del Gobierno aseguró que los camiones tenían certificados de la Dirección General de Transporte que cumplen las exigencias del TSJ. Sobre las siete de la mañana, unos 20 minutos después que se marchasen los guardias civiles de Buñol y Requena, acudieron unos 60 agentes antidisturbios -la Delegación afirma que se envió a un Grupo Rural de Seguridad, sin especificar número de efectivos- que cargaron contra unos 50 vecinos, "que no habían utilizado la violencia", según los testigos. "Nos trataron peor que a animales, no han tenido miramientos con nadie, atacando incluso a gente que iba por la acera", señaló Tonibel Zanón. La Delegación acusa a los manifestantes de lanzar "artefactos pirotécnicos y objetos contundentes, causando heridas a tres guardias, provocando la actuación" de los antidisturbios. Los manifestantes, que han grabado la carga, lo niegan.
Los alcaldes de Buñol, Minerva Gómez, y de Macastre, José Vicente Sáez, ambos de Esquerra Unida (EU), estaban presentes en la concentración de protesta. La Guardia Civil inició tras la descarga las detenciones y se señaló "a quién se tenía que coger", denunció el miembro de la Plataforma Hoya Limpia, Enrique Hernández, que grabó todo el episodio en vídeo. Los vecinos de Buñol Delmundo Milá y Florentín Carrascosa, también de la Plataforma, sufrieron los peores golpes y fueron detenidos junto a los dos alcaldes. La Guardia Civil arrestó, asimismo, a la concejal de Cultura de Buñol, Maribel Ferrer, y al miembro de la ejecutiva socialista José Renovell.
Acusados de alteración del orden público, desobediencia a la autoridad, y de prevaricación la alcaldesa de Buñol, fueron trasladados a la Guardia Civil de Requena, donde les tomaron huellas "seis veces" y sacaron multitud de fotografías, contó Gómez. Desde el cuartel de Requena, Gómez calificó de "desmedida" la actuación de la Guardia Civil, afirmó que la detención era "ilegal" y que los municipios se habían limitado a exigir el cumplimiento de los autos judiciales. Sáez anunció que emprenderán "acciones legales" por los incidentes. Los detenidos se negaron a declarar y pidieron un habeas corpus para ser llevados al juzgado.
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Requena negó el habeas corpus y consideró legal la detención, con lo que los detenidos fueron conducidos de nuevo al cuartel. Tras negarse otra vez a declarar, fueron puestos en libertad con la obligación de presentarse hoy y mañana en el juzgado. La Delegación del Gobierno subrayó que su actuación responde al cumplimiento de los autos judiciales, y la empresa del vertedero aseguró que los camiones han pasado una "exhaustiva inspección técnica".
Alertados de los sucesos, se trasladaron a Requena el coordinador general de EU, Joan Ribó, el portavoz adjunto del PSPV en las Cortes, Andrés Perelló, y el diputado del Grupo Mixto Joan Francesc Peris. También esperaron ante el juzgado a los alcaldes el equipo de gobierno de Chiva y concejales de Yátova. Gómez y Sáez, a su salida para ser conducidos de nuevo al cuartel, fueron recibidos con aplausos.
Ribó subrayó que "estaban defendiendo la legalidad" y acusó al PP de propiciar la detención "para ponerles un castigo ejemplar". El delegado del Gobierno, Juan Cotino, "ha transgredido la legalidad para ponerse al servicio de una empresa privada", añadió. Perelló calificó los incidentes de "sarpullido totalitario" y un "atentado a las libertades", y anunció que su partido pedirá la comparecencia del ministro del Interior, Ángel Acebes, en el Congreso, para que explique las detenciones y la actuación policial. La misma petición realizó Izquierda Unida. El Bloc, CC OO y UGT se solidarizaron con los detenidos y criticaron la carga policial.
El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, consideró "inadmisible" el uso de la "violencia" contra unos vecinos "cansados de los incumplimientos del PP" y señaló como "causante y responsable" a la alcaldesa de Valencia, ciudad que envía su basura a Dos Aguas. La alcaldesa, Rita Barberá, tras asistir a la mascletà del Ayuntamiento, aseguró pasadas las dos de la tarde que no podía ofrecer su opinión porque aún desconocía lo que había sucedido -"todavía no conozco el tema", dijo-, pero lamentó "profundamente" la situación. Barberá recalcó que deben cumplirse los autos judiciales y que, como presidenta de la Federación de Municipios y Provincias se interesaría por "todo el problema". El presidente del Consell, José Luis Olivas, sostuvo que los alcaldes mantuvieron "una actitud de provocación" para buscar titulares de prensa.
Los vecinos, sin embargo, mantienen su protesta, y tras las concentraciones de la tarde, anoche 2.000 personas se manifestaron en Buñol, apoyadas por habitantes de numerosos pueblos de la comarca. La indignación, patente durante la protesta, aumentó cuando se mostró en una pantalla gigante el vídeo de más de media hora de la carga policial. Los vecinos pidieron a gritos la dimisión de Cotino y corearon el "no pasarán".
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