La juez cita a dos sindicalistas por la agresión a una compañera en Cádiz

El Juzgado de Instrucción número 2 de Puerto Real (Cádiz) ha citado a declarar como imputados a dos sindicalistas del Ayuntamiento de Cádiz por el caso de la agresión que sufrió la presidenta de la Junta de Personal del Consistorio gaditano, Rosario Carrero, que pertenece al Sindicato de Trabajadores Públicos (STP). La víctima ha reconocido a uno de ellos como supuesto agresor y denunciado que también fue violada.

Los dos sindicalistas que han sido citados a declarar mañana jueves son Juan Aragón Pina, secretario general de la sección sindical de Comisiones Obreras, y Manuel González Barrios, antiguo secretario general de Autonomía Obrera.

Carrero confirmó ayer que reconoció durante la agresión al primero de ellos, aunque no lo denunció desde un principio porque "tenía miedo a represalias". Asimismo, la víctima ha ampliado su denuncia al asegurar que fue violada por las dos personas que entraron en su casa encapuchadas.

Carrero ha presentado un informe médico de violación a la juez que instruye el caso. Según explicó, tampoco aportó este dato en sus primeras declaraciones porque "sentía mucha vergüenza y por el daño e impacto que pudiera causar a sus hijos". La sindicalista gaditana está representada por la abogada Pilar Sepúlveda, presidenta de la Asociación de Mujeres Víctimas de Malos Tratos (Amuvi).

Juan Aragón Pina confirmó ayer que ha sido citado como imputado para declarar, aunque afirmó desconocer los motivos de esta decisión judicial. Según detalló, se encontraba en un despacho de abogados a la hora en la que Carrero recibió la paliza. Asimismo, la sección sindical de CC OO a la que pertenece Aragón emitió ayer un comunicado de rechazo a la acusación, que calificó como parte de una "campaña de acusaciones y difamaciones" de la presidente de la Junta de Personal.

Rosario Carrero fue agredida el pasado 23 de enero. Según relató, los agresores la dejaron inconsciente tras golpearla contundentemente con un palo en la cabeza. Para reanimarla, le introdujeron la cabeza en la pileta del fregadero y le causaron decenas de incisiones y cortes en distintas partes de su cuerpo con un cuchillo. "Pensé incluso que iba a morir cuando uno de los agresores me atravesó con un cuchillo y me produjo un pinchazo de la barriga", declaró recientemente. Carrero, que sigue de baja laboral, añade ahora que fue violada por los asaltantes.

La agresión se produjo 24 horas después de que trascendiese un informe de la Intervención municipal que alertaba sobre numerosas anomalías en las cuentas del Fondo Social de los funcionarios, del que es responsable Carrero como presidenta de la Junta de Personal.

Según la documentación de la Intervención, el Fondo Social no había justificado gastos por valor de 54.000 euros correspondientes a los años 1999, 2000 y 2001. Ese mismo día, Carrero denunció que era objeto de una "persecución" por parte de la Intervención y de una "campaña de hostigamiento" por parte de de los representantes de CC OO El gobierno local, del PP, decidió semanas atrás remitir este expediente al Tribunal de Cuentas.

Carrero informó ayer que ha solicitado a la juez que le den protección policial después de que la fachada de su domicilio apareciera empapelada el pasado viernes de carteles escritos con insultos y amenazas para que retirara todas las denuncias interpuestas.

La Policía Científica ha remitido también al juzgado las diligencias y las investigaciones efectuadas en la casa de la víctima. Esta documentación incluye el testimonio de los cuatro policías locales de Puerto Real que acudieron a la casa de la víctima, a la que encontraron tirada en el suelo y muy asustada, además del informe de la Policía Judicial sobre la visión ocular efectuada en el lugar de la agresión. Todos los sindicatos del Ayuntamiento de Cádiz (a excepción del Sindicato de Trabajadores Públicos) han solicitado una reunión de urgencia con la subdelegada del Gobierno de Cádiz, Rocío Roche, a quien solicitarán que encargue una investigación "a fondo" que aclare este episodio. Asimismo, exigen al Consistorio una investigación que "despeje cualquier duda sobre la honorabilidad y honestidad" de los dirigentes sindicales.