Los nacionalistas retiran el presupuesto de Guipúzcoa ante la ausencia de apoyos

La Diputación de Guipúzcoa, gobernada en minoría por PNV-EA, retiró ayer el proyecto de presupuestos para 2003 ante la falta de apoyos suficientes para sacarlo adelante. El Ejecutivo foral funcionará con la prórroga de las cuentas de 2002, aunque pretende completar el cuadro económico con cinco normas complementarias que totalizan 22,3 millones de euros. A un mes de la disolución de las Juntas, los nacionalistas tratarán de reeditar el acuerdo suscrito en 2001 con el PSE, que permitió añadir inversiones por 27,1 millones a las cuentas entonces prorrogadas.

El Consejo de Diputados adelantó un día su reunión semanal para aprobar la retirada del proyecto presupuestario, que iba a ser inexorablemente devuelto en el próximo pleno de las Juntas Generales por la ausencia de cualquier apoyo de la oposición. La coalición PNV-EA se ha visto forzada a renunciar a su proyecto económico después de que el PP y Batasuna hubiesen presentado sendas enmiendas a la totalidad y los socalistas anunciaran su decisión de no respaldar las cuentas, que ascendían a 560 millones de euros.

El diputado de Hacienda, Antton Marquet, confirmó que el rechazo al presupuesto "estaba garantizado" tras fracasar las negociaciones económicas con el PSE-EE, único grupo con el que ha habido contactos para renovar las cuentas. Los socialistas decidieron no revalidar su apoyo al gobierno que preside el peneuvista Román Sudupe al no ser aceptada su exigencia de aumentar del 52,24% actual al 60% la aportación foral a los ayuntamientos.

Las malogradas negociaciones con el PSE han obligado a la Diputación a decretar la prórroga de las cuentas del pasado ejercicio, que ascienden a 530,8 millones y fueron aprobadas gracias a un pacto presupuestario entre el PNV-EA y los socialistas. La prórroga, según explicó Marquet, supone una merma de ingresos de 22.380.000 euros respecto al proyecto presupuestario ahora redactado por el Gobierno foral.

"Proyectos aceptables"

Esta cantidad sólo puede agregarse al presupuesto del año pasado mediante normas forales complementarias como sucedió en 2001. Entonces, Sudupe logró el apoyo de los socialistas para desbloquear una partida de 27,1 millones de euros, que engrosaron el presupuesto de 2000 (aprobado tras un pacto entre la Diputación y Batasuna) mediante normas forales.

Marquet informó de que los 22,3 millones se han desglosado en cinco proposiciones de norma dirigidas a financiar otros tantos "proyectos genéricos y fácilmente aceptables" por la oposición. La norma más importante plantea destinar 14,5 millones a Servicios Sociales para mejorar la atención a las personas mayores con discapacidad, los afectados por la exclusión social y los menores desprotegidos. La segunda norma pretende dotar con 1,3 millones a la sociedad pública Bidegi, que gestionará las autopistas Eibar-Vitoria (A-1) y Bilbao-Behobia (A-8) a partir del próximo mes de junio.

El tercer bloque prevé destinar 700.000 euros en dos años a mejorar el transporte público. La Diputación plantea también destinar otros 5,68 millones para compensar a los ayuntamientos por la pérdida de recaudación tras la reforma del IAE. Por último, propone asignar 600.000 euros para reforzar las tareas de limpieza del fuel procedente del Prestige, al margen de las cantidades que la Diputación reclama al Gobierno central por estos trabajos.

Las Juntas tienen solamente un mes para aprobar estos proyectos antes de la disolución de la Cámara provincial de cara a las elecciones, prevista para finales de marzo. El Ejecutivo provincial pretende salvar los 22,3 millones no incluidos en la prórroga gracias a un acuerdo con el PSE, formación que está al corriente del contenido de las cinco proposiciones. La institución que dirige Sudupe volvió a descartar a Batasuna y al PP para las negociaciones.

El portavoz socialista en las Juntas, Miguel Buen, puso de manifiesto el "fracaso" de la estrategia negociadora de Sudupe por negarse a "incrementar progresivamente el fondo foral a los ayuntamientos" como exigía el PSE. Respecto a las normas forales, Buen reconoció que su grupo está "de acuerdo" con el aumento de las partidas para gasto social y la recogida de fuel. También admite su sintonía con las tres restantes, aunque no descartó "presentar enmiendas". La juntera del PP y candidata a diputada general, Regina Otaola, consideró que la prórroga supone "la demostración palpable de la incapacidad de gestión del Gobierno foral".