Acoso legal al 'frente carcelario' de ETA

Los 500 presos de ETA en cárceles españolas tienen la libertad más lejos. El Gobierno ha impulsado tres grandes reformas legales que complican a los terroristas la salida de la cárcel antes de cumplir íntegras sus condenas.

Con las nuevas leyes que se han empezado a tramitar en el Congreso, habrá un juzgado central de vigilancia penitenciaria en la Audiencia Nacional que decidirá que etarras salen a la calle; los recursos del fiscal suspenderán automáticamente cualquier decisión judicial relativa a la excarcelación del preso, y los que soliciten beneficios penitenciarios deberán escribir una carta de arrepentimiento y otra de perdón a los familiares de las víctimas de sus atentados.

El objetivo político de estas medidas lo define Javier Zarzalejos, secretario general de Presidencia: "Se trata de acabar con el frente carcelario de ETA que es un frente muy importante de la banda terrorista". Zarzalejos estima que en la lucha que el Gobierno sostiene contra ETA en todos los terrenos, como la lucha contra su financiación o contra su brazo político, no puede dejar de lado un aspecto tan importante para la dirección de la banda como son las cárceles, que "siempre han sido un destino más en la carrera de los miembros de ETA".

El secretario general de la Presidencia e interlocutor del Gobierno en el Pacto Antiterrorista estima que la reforma está basada en un doble principio: que sea legalmente exigente y socialmente creíble.

Se trata de mandar un mensaje a ETA muy claro, explica Zarzalejos: "Tiene que saber que sus presos van a cumplir íntegras sus penas y que se acabó aquella perspectiva de que el Gobierno estaba dispuesto a negociar con la banda en cualquier momento utilizando los presos como moneda de cambio".

El Gobierno cree que, de este modo, se adapta la política penal y penitenciaria a una nueva situación en la que ETA ha demostrado que no está dispuesta a ceder en sus objetivos terroristas, como mostró en las conversaciones con el Ejecutivo en mayo de 1999, y en la que cuenta la opinión de las víctimas del terrorismo, que exigen que se les escuche.

El dirigente socialista vasco y vicelehendakari del Gobierno vasco entre 1987 y 1991, Ramón Jáuregui, admite que con estas reformas se abre una tercera etapa en el frente carcelario de la banda. Hubo una primera etapa, a comienzos de los años ochenta, caracterizada por las conversaciones del Gobierno con ETA político militar que concluyeron con el abandono de más de 200 miembros de la banda. "Hubo numerosos indultos y aquel proceso político no sólo afectó a la política penitenciaria sino a la penal", recuerda Jáuregui.

Alentados por este ejemplo existen intentos posteriores de reinserción, como los protagonizados por el entonces dirigente del PNV, Joseba Azkarraga, que afectan a sectores disidentes de ETA político militar e incluso de ETA militar. Esta etapa culmina con el asesinato de la ex dirigente etarra Dolores González Catarain, Yoyes, por parte de ETA en septiembre de 1986. El "aviso" de la dirección etarra estrangula cualquier tentación disidente en las cárceles y fuera de ellas.

A comienzos de los años noventa, el Gobierno socialista abre una segunda etapa, protagonizada por el entonces ministro de Justicia, Enrique Múgica: la dispersión de presos etarras con la pretensión de separar a los "reinsertables de los no reinsertables". Con ello, el Gobierno, que cuenta con la complicidad del Ejecutivo vasco, trata de lograr que la presión de los presos reinsertables obligue a la dirección de la banda a terminar con el terrorismo y a negociar con el Gobierno una salida para ellos.

Ante ese desafío, ETA responde con la creación del "frente de makos" y el relanzamiento de las Gestoras pro Amnistía. Finalmente, ETA neutraliza la operación y la política de dispersión desaparece definitivamente con el final de la colaboración de nacionalistas y socialistas en el Gobierno vasco a mediados de los noventa.

A esta tercera etapa que se abre, la del mensaje a ETA de que se acabó la etapa negociadora, Jáuregui le ve algunas ventajas y es escéptico con otras. Tras admitir que se ha agotado la fase por la que ETA podía escuchar a sus presos, cree que es acertado que la banda perciba que se acabó la etapa de la negociación abierta de forma permanente por el Gobierno. "Es bueno que ETA sepa que sus presos van a cumplir sus penas y acabar con aquella sensación de que podían fijar la agenda con sus ofertas de negociación". Jaúregui cree que esta decisión está avalada por el fracaso de las dos conversaciones con ETA: la de Argel, en 1988, con el Gobierno del PSOE y la de Suiza, en mayo de 1999, con el Ejecutivo del PP. "Era claro que ETA no quería negociar sino imponer su programa".

Las sombras que ve a la propuesta de endurecimiento proceden, según Jáuregui, de que no son disuasorias para ETA. "Nadie puede creer que un miembro de la kale borroka abandone la tentación de entrar en ETA por pasar el cumplimiento máximo de penas de 30 a 40 años".

El portavoz de Izquierda Unida (IU), Felipe Alcaraz, rechaza frontalmente la reforma por estimar que "no es constitucional" al "negar la reinserción" de los presos terroristas. Y duda de su eficacia en la lucha contra ETA porque "las excepcionalidades" dañan a la banda. Manel Silva, portavoz adjunto de CiU, también rechaza la reforma por sus trabas hacia la política de reinserción de los presos.

José Antonio Alonso, vocal del Consejo General del Poder Judicial elegido a propuesta del PSOE, valora que, con esta reforma, el Ejecutivo "se ata las manos" porque "reduce su margen de actuación en política penitenciaria". Alonso defiende que "la reinserción de los terroristas hace mucho daño a ETA". Con la reforma del Código Penal de 1995 ya se endurecían las penas, señala Alonso, que atribuye esta nueva reforma a "un intento del Gobierno de tapar el complicado momento que está viviendo".