Chamizo y la Junta tildan el abandono de 97 inmigrantes en Algeciras de "barbaridad"

El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, calificó ayer de "barbaridad" la decisión del Gobierno central de trasladar y, posteriormente, abandonar en Algeciras a 97 inmigrantes de origen subsahariano que habían sido detenidos horas antes en Palos de la Frontera (Huelva), a casi 300 kilómetros. Chamizo mostró su perplejidad por lo sucedido: "No entiendo nada", dijo, para añadir después que esta medida le parecía "rocambolesca". Las críticas han llovido también desde la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Algeciras, que pagará un billete de autobús a Huelva para 36 de estas personas.

"Así no se arreglan estos temas; es preciso más cordura y sensatez porque si no estamos fomentando las actitudes de rechazo hacia la población inmigrante", manifestó el defensor del pueblo en Jaén, donde presentó un balance "correcto" de la atención a los inmigrantes en la última campaña olivarera en esta provincia.

Tras admitir que la ausencia de convenios para la repatriación con los países de origen de los inmigrantes era una circunstancia a tener en cuenta, Chamizo apeló a la imaginación del Gobierno. "Hay que buscar otras soluciones, pero cambiando de ciudad a los inmigrantes no se soluciona nada". A su juicio, este incidente va a pesar en el inicio de la campaña fresera de Huelva. "Esta no debe ser la manera de proceder del Gobierno", reprochó el defensor.

Por su parte, el alcalde de Algeciras, el andalucista, Patricio González, fue un paso más allá del trato dado a estas personas con el traslado y acusó al Gobierno de favorecer la prostitución de las mujeres inmigrantes de origen subsahariano. "Lo ocurrido el sábado no es nuevo. Hace dos semanas, la policía trajo otro grupo de inmigrantes procedente de Málaga y entre ellos había varias mujeres que, al salir del albergue donde son atendidos, son esperadas por vehículos que las mafias utilizan para captar a las inmigrantes ofreciéndoles un falso traslado a otro municipio", sostuvo el alcalde. González dijo que pedirá amparo al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, "porque es necesaria una actuación institucional urgente".

"Algeciras no es una ciudad receptora de inmigrantes y por eso es inadmisible que el Gobierno, con nocturnidad y alevosía haya dejado en la calle, de forma inhumana a estas personas, con una actuación que sólo me puede producir asco", continuó el alcalde algecireño, quien pidió la dimisión del delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, a quién llamó "mezquino".

Zoido respondió a las acusaciones desde el propio Campo de Gibraltar, en donde inauguraba la Jefatura Comarcal de Tráfico, y afirmó: "El alcalde [...] se descalifica por sí mismo". El delegado del Gobierno justificó la decisión de trasladar a estas personas cerca de 300 kilómetros en que "las dependencias de Torres de las Heras, en Algeciras, eran las únicas con las que el Cuerpo Nacional de Policía contaba para albergar a un centenar de personas".

También a la defensiva emitió un comunicado la Subdelegación del Gobierno en Huelva -principal responsable de la decisión de detener y trasladar fuera de su provincia a estas personas-, en el que se aseguraba que "la mayoría" de los subsaharianos detenidos han sido internados en centros de de inmigrantes a la espera de ejecutar los expedientes de expulsión abiertos.

Fuerteventura

Zoido corrigió las matemáticas de la Subdelegación y cifró en 46 las personas trasladadas hasta Murcia (8), Valencia (18) y Málaga (20). Los 51 inmigrantes restantes quedaron en libertad; 38 de los cuales ya tenían expediente de expulsión abierto en Fuerteventura y se les trasladó al albergue Los Canitos, mientras que a los demás (13), se les incoó expediente y se ignora su paradero.

El Ayuntamiento de Algeciras tiene previsto abonar esta mañana un billete de autobús hacia Huelva a 36 de los 38 subsaharianos que se encuentran desde la noche del sábado en el citado albergue algecireño; y hacia Almería, a los dos restantes.

Desde la Junta de Andalucía, tanto el director general para la Inmigración, Pedro Moya, como el consejero de Salud, Francisco Vallejo, criticaron la actitud del Gobierno sobre estas personas que calificaron de "tipo Prestige: me molesta en un sitio y lo echo hacia otro mientras le doy una gira turística".