El Gobierno encarga un dictamen jurídico para bloquear la subvención a 'Egunkaria'

El Gobierno anunció ayer que ha encargado a la Abogacía del Estado un dictamen para tratar de bloquear la subvención que el Ejecutivo vasco ha concedido al diario en lengua vasca Euskaldunon Egunkaria. El Gobierno basa su reclamación en que el Boletín Oficial del País Vasco publicó la orden de la subvención cuatro días después de que el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, cerrase la publicación y detuviera a sus principales gestores. En cualquier caso, el juez probablemente intervendrá la subvención, puesto que ya bloqueó las cuentas y activos del diario y su sociedad editora.

El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, arremetió, tras la sesión del Consejo de Ministros, contra el Ejecutivo vasco al que calificó de actuar de manera "lamentable e inmoral" al conceder una subvención de 1,7 millones de euros a un medio de comunicación que los propios dirigentes del PNV habían considerado en su día relacionado con ETA.

Rajoy recordó que el portavoz del PNV, Joseba Egibar, dijo hace años ante un juez que "ETA y KAS intervinieron en la elección del director de Egunkaria" y que basó su declaración en documentos. También recordó que el actual presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, cuando fue consejero de Interior del Gobierno vasco habló ante la Cámara vasca del "carácter mafioso de ETA" y de las "significativas coincidencias existentes entre esa red y entidades tan importantes para el mundo de HB como su Mesa Nacional, Egin, Egunkaria y el sindicato LAB".

El vicepresidente primero del Gobierno señaló a renglón seguido que la concesión de ayudas a "un medio con estas características es cuando menos dudosa desde el punto de vista jurídico". Rajoy recordó que el Gobierno vasco publicó la concesión de la subvención a Egunkaria el 24 de febrero, cuatro días después de que el juez Del Olmo hubiera clausurado el diario en euskera. No obstante, el Gobierno de Juan José Ibarretxe había aprobado la citada subvención el 30 de diciembre pasado.

Rajoy se mostró "especialmente sorprendido" por la iniciativa de CiU, que ha pedido en el Ayuntamiento de Barcelona que ese consistorio inserte publicidad en Egunero, diario sucesor de Egunkaria, como forma de "apoyar la libertad de expresión".

Por su parte, el juez Juan del Olmo celebró ayer la audiencia a los representantes legales de Euskaldunon Egunkaria y su sociedad editora Egunkaria SA, previa a la que obliga el Código Penal antes de acordar la clausura, disolución o suspensión de la empresa.

Revocar poderes

La fiscal Olga Sánchez reclamó que se ratifique el cierre cautelar de Egunkaria e incluso que se revoquen los poderes que la sociedad haya podido otorgar a sus administradores y representantes legales. La fiscal, de acuerdo con el auto dictado el pasado 19 de febrero, considera que el diario ha sido instrumentalizado por ETA y que sirve a sus fines.

Aunque apoyó la clausura del diario, la fiscal reclamó al magistrado que la decisión sea revisable y, en su caso, renovable cada seis meses.

El representante legal de Egunkaria, Eneko Etxeberria, se opuso a las medidas cautelares adoptadas por el magistrado y solicitó el alzamiento de las mismas y la reapertura del diario. A continuación intervino Iñigo Iruin, el abogado designado por la sociedad para que ejerza su defensa.

El letrado formuló varias alegaciones técnicas, entre ellas una sobre la aplicación del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de varios artículos de la Constitución, señalando que a su entender sólo cabe el cierre de un medio de comunicación cuando está declarado el estado de sitio o de excepción, circunstancia que no se da en este caso.

En el terreno de los indicios existentes en la causa, Iruin destacó que los documentos en los que se basan los autos son de hace 10 años, por lo que un supuesto delito de colaboración con banda armada estaría prescrito.

Además, el letrado consideró jurídicamente inaceptable que un mismo documento sirva para procesar a Xabier Alegría en dos causas distintas. Iruin calificó de increíble que los mismos documentos -Hontza y Garikoitz, intervenidos a José María Dorronsoro en 1993- hayan sido interpretados por dos cuerpos policiales distintos -Policía y Guardia Civil- como atribuibles a dos periódicos distintos -Egin y Egunkaria- y que los mismos documentos hayan servido para cerrar dos periódicos diferentes.

El juez adoptará en los próximos días una decisión al respecto.