El PSOE exigirá que el Gobierno consulte al Congreso antes de cada participación militar

El Gobierno tendrá que comunicar al Congreso cualquier decisión sobre la participación de España en operaciones militares o sobre la utilización del territorio español para las mismas. La consulta se realizará con "carácter previo" a que la participación esté comprometida y dará lugar a un debate con resoluciones y votaciones. El establecimiento de este mecanismo figura en una proposición no de ley del PSOE que pretende reforzar el papel de las Cortes en caso de conflictos bélicos. Se trata de un instrumento de consulta y debate, pero no de "autorización".

Todos los grupos parlamentarios aprobaron en 1995 un informe de la Comisión de Exteriores en virtud del cual se consideraba que Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad deben ser el centro de resolución de conflictos internacionales y se establecían procedimientos de información al Parlamento, antes y durante las operaciones en las que España participara.

Pero desde entonces ha habido situaciones bélicas que desbordan aquella regulación por consenso de 1995 -por ejemplo en Kosovo, Afganistán y, ahora, Irak-, "en las que el uso de la fuerza", explica el PSOE, "incorpora un factor añadido de riesgo para las tropas españolas y una especial incidencia en los intereses geoestratégicos y de seguridad en España".

La proposición no de ley ha sido elaborada por el diputado Rafael Estrella, portavoz en la Comisión Mixta de la UE. El Grupo Socialista presentará el texto en el Congreso el lunes. En mayo de 1999, el PSOE presentó una iniciativa parecida, pero fue rechazada por el Grupo Popular.

Los socialistas no defienden que el Gobierno deba pedir autorización al Congreso para cualquier intervención militar,pero sí que consulte "con carácter previo" a la participación en crisis bélicas. También quieren que haya resoluciones y, por tanto, que se vote. Frente a un Gobierno sin mayoría absoluta, podría salir adelante el rechazo de la oposición a la postura del Ejecutivo y poner a éste en una situación comprometida. Pero la propuesta no exige autorización para la intervención de tropas españolas, sino que se abra el debate.

Según el texto, el Gobierno deberá comunicar al Congreso, con carácter urgente, toda decisión autorizando la participación de España en operaciones militares que impliquen "el uso de la fuerza o la utilización del territorio español para dichas operaciones". "La comunicación", continúa la proposición no de ley, "que podrá dar lugar a ulteriores resoluciones, se remitirá con carácter previo a que la contribución o autorización sean formalmente comprometidas".

La información deberá contener de manera precisa "los objetivos, términos, mandato, coste previsto y duración de la participación, así como una evaluación de las implicaciones para los compromisos y los intereses internacionales y de seguridad de España, o en su caso, los términos de la autorización del uso". El Gobierno también deberá informar a la Cámara "de la evolución, cambios de mandato, reducción o aumento de la contribución española".

El Grupo Socialista asegura que no se trata de violentar la facultad del Gobierno de dirigir la política exterior y de defensa, que le corresponde constitucionalmente, sino de asegurar "que las decisiones se realizan de modo democrático, transparente y con un control efectivo", en palabras de Rafael Estrella.

El primer punto de la propuesta pide, en aras del consenso, "desarrollar con urgencia entre todos los grupos parlamentarios, mecanismos formales de consulta e información permanente al Parlamento en supuestos de participación de unidades españolas o de utilización del territorio o del espacio aéreo español en operaciones militares internacionales que puedan conllevar el uso de la fuerza más allá de la legítima defensa".

El portavoz socialista, Jesús Caldera, ha hecho ya una consulta informal con varios portavoces que han considerado adecuada la iniciativa. IU preferiría, no obstante, una mayor exigencia y, por tanto, sustituir la mera consulta por la "autorización" del Congreso.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, se ha referido en distintas ocasiones a la necesidad de esta regulación. En una comparecencia en el Congreso, el 30 de marzo de 1999, afirmó que había que regular "los mecanismos específicos de consulta o de colaboración de España en operaciones militares, con el correspondiente debate y resolución parlamentaria".