La ONU cifra en sólo un 1% el dinero de la droga que se llevan los agricultores

Sólo el 1% de las ganancias del negocio de drogas se lo llevan los agricultores que se dedican a cultivos clandestinos. Un aumento del 2% en la ayuda mundial al desarrollo bastaría para compensar el déficit de estos campesinos si prefirieran dedicarse a productos agrícolas legales. Con estos datos, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dependiente de la ONU, echa por tierra en el informe anual de 2002 presentado ayer en Viena, el mito del narcotráfico como instrumento de prosperidad para los países en desarrollo.

En 2001, el dinero cobrado por los cultivadores de amapola y de coca, fue de 1.000 millones de euros, lo que equivale al 1,3% del total de ingresos agrícolas de los países productores de estas drogas. Esta suma supone un 2% de la asistencia mundial para el desarrollo.

En el mismo período, Estados Unidos gastó 33.000 millones de dólares (30.561 millones de euros) para la fiscalización de drogas, es decir 30 veces más de lo que ganaron los agricultores con sus cultivos clandestinos. Si a esto se suma el desembolso de los consumidores de drogas, resulta que Europa y Estados Unidos pagaron en total 44.452 millones de euros por cocaína y 29.635 millones por heroína. Sólo el 1,3% de este dinero acabó en manos de los cultivadores.

"A corto plazo puede aportar ganancias, pero a largo plazo la producción de narcóticos ilegales no es nada rentable para los países en desarrollo, dado que distorsiona el mercado, desestabiliza al Estado y la economía, y lleva a conflictos militares y sociales", comentó Herbert Schaepe, miembro directivo de la JIFE, organismo de la ONU que controla la aplicación de las convenciones sobre drogas legales e ilegales.

Como ejemplo de esta degradación, el informe cita los casos de Colombia, y especialmente el de Afganistán, donde los campos de adormidera se han extendido enormemente desde la caída del régimen talibán. La ONU solicita a los países europeos "que sigan apoyando la acción que han emprendido las autoridades de Afganistán para resolver el problema".

Según Schaepe, la ayuda debería dirigirse al restablecimiento de instituciones estatales afganas, ya que en estos momentos las luchas entre los clanes y la falta de seguridad es tal, que "no tendría sentido gastar en programas de sustitución de cultivos".

La JIFE también vigila el mercado legal de drogas. En el informe se pide a España, al igual que a Australia, "que en el futuro ajuste su producción de materias primas de opiáceos a las necesidades reales". Los mayores productores legales de opio son Australia, India, Francia, España y Turquía. España, que cultiva aproximadamente una séptima parte del opio mundial autorizado para uso médico, excedió sus cultivos en casi una tercera parte . El Gobierno español había anunciado que sus plantaciones de amapola se limitarían a seis mil hectáreas en el año 2002, pero luego resultaron ser 7.912 hectáreas. Pudo tratarse de "un error" de la administración española, pero de todas formas fue "una sobreproducción considerable", comentó con preocupación Margareta Ehrenfeldner. Esta experta de la JIFE explicó que una sobreproducción en el mercado mundial de opiáceos legales puede contribuir a un desvío de las substancias almacenadas hacia canales clandestinos. Los productores de morfina se comprometen, según la Convención de 1961, a entregar sus previsiones a la JIFE, quien se encarga de velar por el equilibrio entre la oferta y la demanda.

Aunque parezca contradictorio, a pesar del exceso de oferta y de que el consumo total de morfina se duplicó en los últimos 20 años, la Junta lamenta que "en la mayoría de los países en desarrollo sigue siendo ínfima la utilización de estupefacientes para tratar el dolor".

Ehrenfeldner indicó que el problema no es sólo económico, sino también de falta de conocimiento. Porque todavía impera el prejuicio contra este tipo de analgésico que la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como "el mejor" de todos.