El Gobierno derrota a las diputaciones en el conflicto sobre el control del tráfico

El Gobierno vasco es la única institución competente para gestionar el control del tráfico en las carreteras de la comunidad autónoma. Así lo ha decidido la Comisión Arbitral, el organismo encargado de resolver los conflictos de competencias entre las administraciones vascas, cerrando un litigio de casi dos años que ha enfrentado al Gobierno autónomo con las tres diputaciones, unidas pese a estar gobernadas por partidos distintos.

En el fondo de la discusión está la legitimidad del Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi, impulsado por el Gobierno (en concreto, por la consejería de Interior), como único punto de referencia en esta materia para toda la comunidad autónoma. Frente a él, las diputaciones han creado en cada uno de sus territorios sus propios centros de control de carreteras.

El conflicto se ha canalizado a través de un decreto emitido el 30 de julio de 2002 por la Diputación de Álava, que daba cobertura jurídica a su centro. El Gobierno lo recurrió ante la Comisión Arbitral y, en diciembre, este organismo ya tomó la primera decisión al anular cautelarmente algunos artículos del decreto. Ayer llegó la resolución definitiva, que da la razón a Interior. El presidente de la Comisión y del Tribunal Superior vasco, Manuel María Zorrilla, ha ejercido como ponente. El organismo lo completan otros seis miembros: tres elegidos por cada diputación y los otros tres por el Ejecutivo.

La resolución anula cuatro puntos del decreto foral, los más sensibles, porque "vulneran la distribución de competencias". Se refieren a "la señalización vertical variable, los postes de auxilio y socorro, y los semáforos". En definitiva, se resuelve que el único competente para colocarlos es Interior. La consejería ya ha intentado instalar algunos en las principales carreteras vascas, pero las diputaciones le han negado los permisos de obras, lo que ha suepuesto la presentación de otras tantas denuncias paralelas en los tribunales. El fallo de la Comisión deja entrever ahora que las diputaciones deben conceder las autorizaciones.

La resolución ha inclinado la balanza en el terreno judicial en favor del Gobierno, pero no resuelve la elevada tensión entre Interior y las instituciones forales, que ha afectado a otras cuestiones, como el Plan de Seguridad Vial. De hecho, Interior aprovechó ayer el fallo para instar a las diputaciones a "variar su actitud" e invitarles a dar una serie de pasos. Uno de ellos, "respetar el decreto del Gobierno de mayo de 2001" que activaba su propio Centro de Gestión de Tráfico y que "ha sido reiteradamente obviado" por las tres instituciones forales. También les exige "no obstaculizar" a Interior en la colocación de las señales verticales y "deshacer las actuaciones que han llevado a efecto invadiendo las competencias del Gobierno".

Interior entiende que la decisión le abrirá "definitivamente" el camino para implantar el Centro de Gestión de Tráfico. Por contra, los centros de control de carreteras que ya funcionan en Vizcaya y Álava perderán algunas funciones y no podrán ofrecer unos servicios tan completos como esperaban sus impulsores.

La Diputación alavesa no se dio ayer por enterada de la resolución, pese a que Interior la colgó en su página web, aduciendo que aún no la ha recibido por correo ordinario. A la espera de argumentar su postura, acusó a la Comisión Arbitral de tener "un trato de favor" hacia el Gobierno porque éste sí recibió ayer el fallo. En realidad, Interior lo conoció antes porque admitió el fax como medio para que le fuese comunicado. La Diputación, en cambio, se negó a usar esa vía a diferencia de otras ocasiones.