Exculpan a 82 de 130 acusados por fraude millonario en el cobro del paro

Un juzgado de Sevilla ha exculpado, por prescripción de los plazos legales, a 82 de los 130 parados imputados en una estafa millonaria a la Seguridad Social en el cobro del desempleo, cometida a través de una empresa de reciclaje metálico de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira.

Mediante un auto, el juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla declara extinguida la responsabilidad criminal de estos 82 imputados pero ordena continuar la causa por presuntos delitos de falsedad y estafa contra otros 48 encausados en el proceso.

El auto judicial precisa que el archivo se produce a petición del letrado de la Seguridad Social, tras analizar los expedientes de todos los acusados y comprobar que en algunos había transcurrido el plazo legalmente previsto entre la presunta comisión de los hechos y el momento en el que la acción penal se dirigió contra ellos.

En la causa están imputados el dueño de la empresa de reciclaje metálico, identificado como C.I.P. y 129 personas desempleadas que presuntamente fueron dados de alta de forma ficticia entre los años 1989 y 1999, con lo que percibieron prestaciones por paro, invalidez y jubilaciones pese a que en realidad no llevaron a cabo ninguna actividad.

1,2 millones de euros

Fuentes judiciales del caso explicaron que cada uno de los imputados cobró cantidades de entre 600 y 6.000 euros, mientras que el total de la estafa cometida contra las arcas de la Seguridad Social puede superar los 1,2 millones de euros. Entre los perceptores se encuentran la esposa, hijos y algunos sobrinos del principal imputado, que según las investigaciones cobraba a cada parado entre 180 y 300 euros, y en uno de los casos llegó a embolsarse 7.200 euros, mediante un flujo constante de contrataciones ficticias de entre uno y seis meses, en su mayor parte de categoría laboral baja, que no desarrollaban trabajo real alguno.

El abogado de la Seguridad Social ha aportado al juzgado una extensa relación en la que figura cada uno de los imputados, sus fechas de alta y baja en la Seguridad Social, el tipo de prestación que cobró y motivos por los que son acusados de falsedad en documento público y estafa.

El caso comenzó a investigarse en 1998 contra 97 personas contratadas por C.I.P. y en noviembre de 2001 se amplió a otras dos empresas del mismo acusado y a un total de 32 nuevos perceptores implicados en tales prácticas fraudulentas. En caso de continuar las actuales diligencias, el juicio contra los 48 imputados sería uno de los más multitudinario celebrado en la Audiencias de Sevilla, aunque fuentes del caso explicaron que algunos de los presuntos implicados no han sido localizados y otros ya han fallecido.