La Cámara de Vitoria rechaza la reforma penal por "antidemocrática"

El Parlamento vasco rechazó ayer las reformas penales puestas en marcha por el Gobierno con el aval del PSOE para endurecer las condiciones de acceso a la libertad provisional y aumentar la pena máxima de 30 a 40 años, porque no tienen nada de "democráticas" y suponen un "hachazo" al sistema de derechos fundamentales y libertades públicas. Este resolución fue apoyada por PNV, EA e IU, los tres partidos que sustentan al Gobierno vasco. PP y PSE, que se encuentran en minoría en la Cámara de Vitoria, la rechazaron y acusaron a los nacionalistas de oponerse de manera sistemática a todas las medidas que se promueven para intentar acabar con el terrorismo.

Emilio Olabarria, parlamentario del PNV y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, acusó al Gobierno central de llevar a cabo una "deshumanización absoluta" del derecho punitivo, llegando a instaurar la cadena perpetua. Por eso, la Cámara vasca insta al Gobierno a propiciar negociaciones con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para preservar y potenciar la reinserción social, un aspecto que queda muy "tocado", según Olabarria, con las modificaciones legales.

Mientras, los portavoces del PP y del PSE, Leopoldo Barreda y Víctor García, respectivamente, coincidieron en que la oposición de los nacionalistas y de IU a esta reforma se debe a la "equidistancia inútil y escandalosa" en que se sitúan en relación con el terrorismo de ETA. "Una vez más", se lamentó García, "los nacionalistas se empecinan en ejercer el papel de rémora en la lucha contra ETA".

Si la censura del Parlamento vasco a las reformas penales fue dura, no lo fue menos la que previamente le dedicó el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, de EA. Además de advertir de que no van a servir para acabar con ETA, alertó de que podrían reforzar el apoyo social del que goza la banda terrorista. Azkarraga no escatimó descalificaciones hacia las modificaciones, a las que tildó de "electoralistas, oportunistas y xenófobas".

Según Azkarraga, las reformas vulneran principios democráticos consolidados, como el de la reinserción, ya que el Gobierno opta por "una solución revanchista" que excluye la reeducación social del delincuente.