Cierre de un diario

El cierre cautelar del diario en lengua vasca Egunkaria, ordenado por un juez de la Audiencia Nacional, afecta a derechos fundamentales. Nadie puede escudarse en la libertad de expresión o en la promoción del euskera para cometer un delito. Pero el delito es una conducta individual y el cierre cautelar de un diario afecta también a terceros, sobre todo a sus lectores. Si se trata además, como es el caso, del único diario editado en lengua vasca, es lógico que esos lectores interioricen la medida como una agresión personal. De ahí la necesidad de actuar con la máxima prudencia: no es lo mismo cerrar una herriko taberna de la que se sospecha que encubre actividades ilegales que un periódico.

Mientras no se conozcan con más detalle los indicios incriminatorios que maneja el juez, sería aventurado pronunciarse sobre el fondo del asunto, que consiste en saber si también en el caso de Egunkaria se da una relación de dependencia respecto a ETA como la que el juez Garzón ha establecido para otras empresas y estructuras del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco. En el sumario de Garzón que motivó la suspensión cautelar de Batasuna hay referencia a algunos de los ahora detenidos. En concreto, escritos en los que la dirección de ETA se expresa con desenvoltura sobre sus preferencias para nombrar director de la publicación.

El Código Penal prevé la posibilidad de medidas cautelares orientadas a "prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma". En el caso del cierre de Egin, en 1998, se citaba la utilización del diario para transmitir desde sus páginas órdenes cifradas a comandos clandestinos y también para obtener información para realizar atentados. Ése era el argumento principal para la aplicación de medidas tendentes a evitar la continuidad del delito. Por lo que se sabe, los supuestos delitos de la decena de directivos y ex directivos del diario detenidos no guarda relación con nada parecido, sino con la eventual intervención de ETA en su financiación. O del diario en la trama de financiación de ETA, pues ambas cosas podrían deducirse de la extraña nota de prensa difundida ayer por la Audiencia Nacional, consensuada insólitamente con el fiscal y el Ministerio del Interior.

El mismo caso de Egin, que no volvió a aparecer pese a que el cierre cautelar fue levantado un año después de su clausura, indica que es una medida difícilmente reparable. Urge, por tanto, conocer los indicios que han llevado al juez a adoptar una medida tan extrema, que puede poner en peligro derechos fundamentales.