La Junta denuncia irregularidades en Cajasur ante la Fiscalía Anticorrupción

La Junta de Andalucía decidió ayer remitir a la Fiscalía Anticorrupción información sobre varios hechos detectados en la gestión de Cajasur en los últimos tres años que, a juicio del Ejecutivo que preside Manuel Chaves (PSOE), "pudieran estar fuera del ámbito financiero-administrativo y residenciarse en el ámbito penal".

La inspección desarrollada por la Consejería de Economía sobre los tres últimos ejercicios ha detectado operaciones que, supuestamente, ocultaban apropiaciones indebidas de dinero de la caja, por un valor global de 10,3 millones de euros. Las fuentes consultadas no precisaron qué personas habrían realizado esa supuesta apropiación indebida. La Junta también aprecia un posible delito de falsedad documental al no reflejar las auditorías la situación económica real de la caja en estos tres ejercicios.

Junto al escrito de denuncia, la Consejería de Economía entregó un resumen de las actas levantadas por los inspectores que han estado analizando las gestión de la caja cordobesa que preside el sacerdote Miguel Castillejo. La inspección, iniciada en octubre pasado, se centra en los ejercicios 2001 y parte del año pasado, "salvo aquellas actuaciones que por su trascendencia e incidencia más allá del ámbito puramente financiero-administrativo, se ha considerado conveniente extender al año 2000 y la totalidad del ejercicio 2002".

La Consejería de Economía de la Junta entiende que algunos hechos de esta gestión han de "ser objeto de remisión a esa fiscalía especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción" y solicita que "si la fiscalía lo considera conveniente", se informe de los hechos denunciados a todos los Ayuntamientos donde Cajasur tiene abierta alguna oficina.

La Junta de Andalucía justifica precisamente en la cuantía económica de los supuestos delitos denunciados y en la extensión de la clientela que puede verse afectada por las irregularidades en la gestión de Cajasur, la remisión de estos datos a la Fiscalía Anticorrupción.

La Junta decidió ayer por la mañana dar por cerrada "de forma provisional" la inspección "ante el obstruccionismo de la caja". Esta misma inspección fue la que detectó indicios de ilegalidad en la póliza de 2,9 millones de euros contratada por Cajasur para garantizar a Miguel Castillejo una renta vitalicia de 213.000 euros al año cuando deje la entidad.