Mendiluce quiere paralizar los planes urbanísticos del paseo de la Castellana

El candidato de Los Verdes a la alcaldía de Madrid, José María Mendiluce, afirmó ayer que, si gana las elecciones el 25 de mayo, paralizará el proyecto de prolongación de la Castellana, conocido también como Operación Chamartín, y la operación de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, por el "alto contenido especulativo" de ambas actuaciones urbanísticas.

Así, se mostró dispuesto a solicitar ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la aplicación de medidas de suspensión cautelar de las decisiones adoptadas hasta ahora en relación con ambos proyectos. Además, en caso de "formar parte de un gobierno progresista", Mendiluce se comprometió a celebrar un pleno extraordinario en el Ayuntamiento en el que se debata "sobre la posibilidad de revocación de las decisiones municipales" adoptadas sobre estas dos operaciones urbanísticas.

En el caso de la operación del Real Madrid, que prevé que en los terrenos de la Ciudad Deportiva (en el paseo de la Castellana) se levanten cuatro torres de oficinas y un pabellón deportivo multiusos, el candidato de Los Verdes propone "la permuta de ese suelo deportivo por otro donde puedan trasladarse sus instalaciones".

Mientras, como alternativa a la Operación Chamartín, plantea "una reducción de la edificabilidad actual a la mitad, como estaba previsto inicialmente, y que el 50% de las viviendas construidas sean de protección oficial para compra o alquiler". Precisamente, el pleno municipal aprobará hoy, con carácter definitivo, la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que fija la edificabilidad de la prolongación de la Castellana en 1,05 metros por metro cuadrado, tras haber obtenido el visto bueno de la Comunidad.

Los Verdes también pretenden que la futura corporación municipal presente un recurso de inconstitucionalidad por "vulneración de derechos especialmente protegidos" ante dos medidas aprobadas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado 2003, que "permiten que las operaciones de especulación urbanística que se están llevando a cabo en la capital no encuentren más escollos legales".