El fiscal reclama un millón de euros a los acusados del secuestro de Feliu
La farmacéutica sólo acusa a cuatro de los ocho procesados
Las lesiones físicas y psíquicas derivadas de los 492 días de cautiverio sufridos por Maria Àngels Feliu fueron evaluadas ayer por el fiscal del caso en términos de indemnización económica: un millón de euros. La acusación particular ejercida por la farmacéutica de Olot siempre ha manifestado que ésta sentía aversión a "poner precio" a su larga cautividad, de ahí que haya optado por adherirse a esta petición.
Siguiendo con la premisa de Feliu de "pecar por defecto antes que por exceso", la acusación particular retiró ayer, jornada en que las partes empezaron a exponer sus conclusiones definitivas, la petición de pena para Juan Manuel Pérez Funes, a quien el fiscal atribuye el montaje de la cerradura del zulo, porque considera que en el juicio no se ha "acreditado de forma inequívoca" su participación en el secuestro. Así, Feliu reclama penas sólo para cuatro de los ocho acusados que se sientan en el banquillo. Ya antes del juicio oral, Feliu consideró que no existían suficientes pruebas contra los dos primeros procesados, Joan Casals y Xavier Bassa, ni contra Montserrat Teixidor, la esposa de Ramon Ullastre.
El fiscal sí mantuvo la petición global de 162 años de cárcel para los ocho acusados por los delitos de detención ilegal y lesiones. Cada uno de los acusados se enfrenta a 20 años de prisión, cifra que se incrementa a 22 en el caso del policía local Antonio Guirado.
En sus conclusiones definitivas, el fiscal aseguró ayer que no existía un "empecinamiento" por su parte en mantener la petición de pena contra los cuatro acusados a los que Feliu exculpa, sino que estaba convencido de existían "suficientes pruebas de cargo" contra ellos.
Declaración del confidente
Repasó el fiscal los múltiples indicios que hacen suponer que Montserrat Teixidor estaba al corriente de que Feliu estaba bajo su casa y aseguró que la esposa de Ullastre vio en el secuestro la manera de "seguir manteniendo su envidiable nivel de vida". A Pérez Funes le atribuye la "aportación relevante" de montar la cerradura del zulo y le reprocha que no denunciara el caso. Por lo que respecta a Casals y Bassa, las conclusiones del fiscal se sustentan básicamente en la declaración del confidente Francisco Evangelista y en las pruebas periciales que atribuyen a Bassa la letra de un sobre que recibió la familia Feliu. El fiscal sostiene que no es posible que los acusados aludieran a la posibilidad del secuestro de una farmacéutica de Olot ante Evangelista y que cuando aquél se hizo realidad no intervinieran en él.
La fiscalía quiso reconocer que Sebastià Comas, el carcelero de Feliu, evitó la inminente muerte de la secuestrada con su decisión de liberarla, de ahí que aceptara rebajarle dos años la pena en caso de que el tribunal le juzgue por el actual Código Penal. Dicho código admite como circunstancia atenuante la "disminución del daño causado a la víctima". No obstante, el fiscal destacó lo fácil que hubiera sido para Comas liberar a Feliu a los dos o tres días de su secuestro.
Está previsto que durante de esta semana las partes expongan sus conclusiones definitivas y el juicio quede visto para sentencia.
