Una sede bancaria de 160 hectáreas
"La mayor ciudad de servicios financieros de España y del mundo". Así definió en abril de 2002 Emilio Botín, presidente del Santander Central Hispano (SCH), el campus financiero que la entidad bancaria empezaba entonces a construir en Boadilla del Monte y pretendía finalizar en 2004. Casi 160 hectáreas de oficinas, instalaciones deportivas, zonas verdes y áreas de ocio que ahora, tras la anulación judicial del pleno municipal que aprobó el proyecto, pueden quedar en suspenso.
La intención del SCH era -y es- convertir Boadilla, localidad situada a 14 kilómetros al oeste de la capital, en su sede oficial, levantando una gigantesca ciudad financiera a la que se uniría posteriormente su filial Banesto.
Con un presupuesto de 270 millones, el campus incluye 100.000 metros cuadrados de oficinas, un centro de formación para los empleados, una guardería con 400 plazas para los hijos de los trabajadores -"una de las guarderías más grandes de Europa", subrayó Botín-, un gran aparcamiento, instalaciones de pádel, gimnasio, piscina, pistas de tenis y un campo de golf, un hotel, un auditorio y 14.000 metros cuadrados de comercios y restaurantes. Además, el SCH se ha comprometido a destinar gran parte de la superficie adquirida a zonas verdes, para "respetar el entorno" del municipio.
La ilegalidad cometida en el pleno de julio de 2001, según el Tribunal Superior de Justicia -la ocultación de documentos a los concejales del PSOE-, fue advertida por los socialistas a la Consejería de Urbanismo en noviembre de 2001, antes de que ésta diera el visto bueno al plan general aprobado meses antes por el Ayuntamiento. Aun así, la Comunidad lo aprobó. Por eso, el secretario general de Ordenación Territorial del PSOE, Modesto Nolla, acusa de "irresponsabilidad" al Ejecutivo regional. "Si nos hubieran hecho caso, se habría podido subsanar la situación creada por la actitud antidemocrática del alcalde. Y ahora no estaría en peligro todo el futuro urbanístico del municipio", afirma Nolla.
"Eso forma parte del debate político. En la Comisión de Urbanismo se dicen muchas cosas, pero, mientras no hay sentencia, se presupone la legalidad de los acuerdos plenarios de los municipios. Si hubo defecto de forma, el Ayuntamiento tendrá que convocar otro pleno. Pero el Gobierno no es responsable", replica un portavoz de la consejería.
