Sueldos de hambre y miseria en Bolivia
La mala situación de las clases populares de Bolivia ha provocado los disturbios
El Gobierno boliviano concretará las medidas adelantadas la noche del domingo por el presidente de la República para intentar recomponer el cada vez más quebradizo hilo de estabilidad del país, tras la revuelta vivida la semana pasada. Drástica disminución de ministerios y altos cargos; ataque al fraude fiscal; diálogo social para elaborar el nuevo presupuesto de la nación, y otros modos de gobernar son algunas de las líneas de trabajo que quieren mitigar el malestar de la población. La oposición ya ha adelantado que deberán ser medidas más explícitas, ya que "por ahora es como dar aspirinas a un enfermo de cáncer", y sigue cuestionando el propio sistema democrático. Nuevas marchas de protesta se celebraron ayer en La Paz, pero sin incidentes y con escaso eco.
La teoría de una manipulación golpista en la sombra es difícil de asumir
Las presiones del FMI para generar recursos que estabilicen la economía boliviana antes de facilitar nuevas ayudas (que incluía un impuesto de impacto en el precio de los carburantes, aplazado por el Gobierno de centro-derecha de Gonzalo Sánchez de Losada) llevaron al Gabinete a diseñar una política fiscal de especial influencia en las clases populares y que recortaba los exiguos salarios bolivianos, los más bajos del continente.
Los más de 500 millones de dólares anuales de fraude fiscal, que ningún Gobierno ha sido capaz de frenar, junto con un crecimiento neto en la nómina de cargos públicos del 34% a partir de las elecciones de 2002 y el peculiar sistema de sobresueldos para políticos de alto nivel o los gastos suntuarios de las instituciones, todo ello en boca de los ciudadanos más sencillos, enmarcan la explosión de violencia popular en La Paz y otras ciudades el miércoles y el jueves.
La falta de previsión ante una respuesta popular tan contundente y una serie de coincidencias junto a la plaza Murillo, sede del poder político del país, en La Paz, fueron el detonante para un enfrentamiento armado espontáneo. En este contexto, la teoría de una manipulación golpista en la sombra es difícil de asumir. Este comentario en voz baja de los círculos intelectuales y políticos no pasa de ser una llamada de atención ante la posible degeneración del sistema político tradicional.
Un sistema ya cuestionado en Bolivia desde sectores indigenistas, campesinos, cocaleros y los más afectados por la escasez de recursos, que lograron el segundo puesto en las elecciones de 2002. Un grupo de élite de la policía amotinado en su cuartel y con el resto del cuerpo en huelga en todo el país; un puñado de estudiantes del colegio público al que se le atribuye la mejor formación educativo y con ella la mayor concienciación política; un equipo militar en precario, el batallón de los coloraos, escoltando el palacio presidencial; a lo que hay que añadir el visceral enconamiento de la relación entre la policía y el Ejército, compusieron el cóctel que hizo explosión la mañana del miércoles y no dejó de consumirse hasta la madrugada del viernes. Los chicos lanzaron piedras a la sede de la Presidencia, los coloraos lanzaron gases lacrimógenos, los antidisturbios policiales desde su sede amotinada les lanzaron gases a los militares y en medio empezaron los disparos.
La refriega se detuvo cuando alguien inició el canto del hinmo nacional, todos lo corearon, pero tras la última estrofa, "mejor morir que esclavos vivir", pasaron a vivirse escenas de guerra, que terminaron extendiendo el fuego por el resto de la ciudad y la vecina El Alto. En medio aparecieron los francotiradores y con ello las tesis del golpismo. Todo pudo vivirse en directo por unos medios de comunicación entre el sensacionalismo de algunos y el intento de otros por transmitir mensajes de defensa del sistema democrático. Así, tres canales de televisión se unieron al cuarto canal que continuaba la retransmisión en directo de los acontecimientos, la red ATB, para realizar un espacio informativo conjunto, por primera vez en la historia del país. Tan rápido como se inició, paró, aunque nadie hiciera caso en las primeras horas de las órdenes de parar la refriega ni de las llamadas gubernamentales a la calma. La tardía salida de tanquetas militares en La Paz fue el principio del fin. La profusión de armas de fuego incontroladas aún la había complicado más y la aparición de algunos francotiradores con sofisticados armamento aumentó la crispación. Pero, saciada la rabia contra edificios oficiales asaltados de manera selectiva y saciado el afán de pillaje en otros casos, volvió la calma.
El hilo de la estabilidad boliviana se ha hecho más quebradizo y es cada vez más difícil hacer convivir a una población donde casi el 90% vive en el umbral de la pobreza, o bajo él, y el resto se compone de una casi inexistente clase media y de un grupo que conoce más Miami que su propio país. Como algunos empresarios que se dedicaban a sacar oro de contrabando y que tienen sus dineros en paraísos fiscales y deudas de más de 10 millones de dólares en sus cuentas bolivianas.
![Soldados bolivianos vigilan la entrada del edificio de la Vicepresidencia en La Paz.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/QYCP4XHDPBBVA3HEACCLLV3GRA.jpg?auth=20867a9735c66c6f36f9a57f6e91c3dc6cd5e1a6143398c7bfd503cbc546979f&width=414)
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