El fiscal imputa a la alcaldesa de Sax por una expropiación ilegal

El fiscal mantiene la acusación contra la alcaldesa de Sax (Vinalopó Mitjà), María de los Frutos Barceló, del PP, por un supuesto delito de expropiación ilegal. Los terrenos pertenecen a la familia de la candidata socialista a la alcaldía, Ana Barceló. El ministerio público también solicita que se persone como perjudicada la Consejería de Empleo por una posible falsificación en la solicitud de una subvención.

De esta manera, el fiscal se opone a la petición de la defensa de la alcaldesa y del secretario municipal, Rafael Román, de sobreseimiento de la causa. La denuncia contra la alcaldesa fue presentada en julio de 2000, después de que el Ayuntamiento de Sax construyera en unos terrenos colindantes a la ribera del río Vinalopó dos pistas deportivas.

El litigio se produjo después de que el Ayuntamiento anulara un acuerdo plenario en el que se comprometía a la compra de la finca de El Molino por valor de 420.708,47 euros a la familia Barceló. Rotos los acuerdos de compra, el Ayuntamiento ejecutó las obras aduciendo que se trataba de suelo de dominio público. La obra costó 84.141,69 euros, 48.080,97 de los cuales fueron subvencionados por la Consejería de Industria.

Según el fiscal, "María de los Frutos Barceló sabía que el terreno sobre el que se iba a construir y se construyeron las pistas polideportivas no era propiedad del Ayuntamiento, sino de los querellantes". Consta que no se inició expediente administrativo alguno por el Ayuntamiento para la cesión del tal terreno.

Ahora, y en respuesta al recurso presentado por la defensa, el ministerio público se opone el archivo, a la vista de que "los elementos constitutivos del delito de expropiación ilegal no han sido desvirtuados aún". El fiscal no entra a discutir la titularidad de los terrenos ocupados, sino los elementos constitutivos de la expropiación ilegal.

Asimismo, la acusación pública solicita a la juez que tome declaración al representante legal de Industria, que subvencionó la obra. El fiscal y la acusación particular consideran que la primer edil sajeña pudo falsificar la documentación entregada a la consejería para poder optar a la ayuda económica.