El PSC propone que la sindicatura controle el gasto de los partidos durante la campaña electoral

El Partit dels Socialistes (PSC) ha presentado una iniciativa parlamentaria que, de prosperar, permitiría a la Sindicatura de Cuentas controlar los gastos de los partidos durante las campañas electorales e imponer sanciones directamente, sin la mediación del Tribunal de Cuentas. Hasta ahora son los partidos los que facilitan sus datos y ningún órgano externo puede comprobar que éstos sean ciertos. En las pasadas elecciones autonómicas, el PSC fue el único partido que declaró un gasto superior al permitido por la ley al excederse en un millón de euros.

Los partidos catalanes firmaron en 2001 un pacto auspiciado por el presidente del Parlament, Joan Rigol, para autolimitar los gastos electorales. Pero de momento las consecuencias prácticas de aquel acuerdo se limitan a la mera declaración de intenciones que se presentó en su día, eso sí, con gran solemnidad. Los responsables de finanzas de todos los partidos han mantenido varias reuniones sobre cómo aplicarlo, pero a tres meses vista de las primeras elecciones previstas -las municipales, el 25 de mayo- no se ha llegado todavía a ninguna conclusión.

Ante las dificultades para avanzar, algunos partidos han empezado a plantear sus propuestas públicamente. Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), por ejemplo, ha emplazado al resto de los partidos a hacer públicos todos los créditos solicitados y a gastar por debajo de lo que permite la ley. El Partido Popular (PP) no cesa de proponer otro pacto para limitar los gastos, aunque no ha concretado ningún mecanismo para alcanzarlo.

El PSC, por su parte, ha presentado esta semana una proposición de ley en el Parlament para modificar la ley de la Sindicatura de Cuentas, el órgano que fiscaliza el dinero público en Cataluña, que incide en uno de los puntos claves del gasto electoral durante la campaña: la comprobación a través de un organismo externo de que cada partido gasta realmente lo que dice que gasta.

La actual legislación concede la función de control a la Sindicatura de Cuentas, pero limitando muchísimo su margen de actuación. Este organismo actúa siempre después de las elecciones, no tiene ninguna capacidad sancionadora y además no accede a ningún material de primera mano: se limita a certificar si el gasto declarado por los partidos respeta el límite fijado por ley, pero no dispone de ningún mecanismo que le permita comprobar que los datos declarados son veraces.

En la campaña de las últimas autonómicas, el PSC excedió en un millón de euros el gasto que le permitía la ley. La sindicatura lo certificó, pero no pudo establecer ninguna sanción y finalmente ha sido el Tribunal de Cuentas el que ha impuesto a los socialistas una multa de 169.000 euros.

Los socialistas admitieron la sanción, pero pusieron en tela de juicio la contabilidad presentada por otras formaciones, especialmente CiU. La federación nacionalista, con una presencia pública muy similar a la del PSC, declaró gastos en publicidad muy inferiores a los de la plataforma encabezada por Pasqual Maragall y presentó unos presupuestos ajustadísimos a lo que permite la ley. El último informe del Tribunal de Cuentas revela, no obstante, que CiU no contabilizó un crédito de tres millones de euros concedido a su grupo en el Parlament unos días antes del inicio de la campaña de las autonómicas de 1999.