Un dictamen jurídico rechaza la pretensión de Batasuna de que la Cámara niegue a Garzón la información que le pidió

Un dictamen de los servicios jurídicos del Parlamento vasco considera sin fundamento la pretensión del grupo parlamentario de la suspendida Batasuna de que la Cámara niegue al juez Baltasar Garzón la información que ha demandado sobre las intervenciones e incidentes protagonizados por sus parlamentarios. El dictamen estima que ninguno de los argumentos esgrimidos por la representante del grupo, Jone Goirizelaia, aporta fundamento jurídico suficiente como para que la Mesa reconsidere la posición adoptada el 19 de noviembre, por la que encomendó a los servicios de la Cámara la recopilación y envío de lo solicitado por Garzon en su auto del 16 de octubre del año pasado.

La Mesa analizará el dictamen en su reunión del martes, pero no es preciso que adopte ningún otro acuerdo, puesto que la solicitud de Goiricelaia no acarreó suspensión cautelar y el proceso de búsqueda de la documentación está en marcha desde entonces. Fuentes de la presidencia de la Cámara no supieron ayer precisar para cuándo estará preparada toda la documentación pedida por Garzón ni el soporte en el que se le enviará. El dictamen da por buena la decisión de la Mesa de enviar al juez la información requerida -todas las intervenciones de parlamentarios de HB-EH-Batasuna y copia certificada de los textos, así como relación de incidentes, protestas o suspensiones de actos-, tras estimar que esa actuación no socava ni la inviolabilidad parlamentaria ni la separación de poderes.

Los servicios jurídicos del Parlamento advierten, no obstante, que la inviolabilidad se vería resentida si las intervenciones de los parlamentarios se convirtieran en "soporte de hecho" para la disolución de su partido. Pese a ese riesgo, valoran que en el sumario contra Batasuna no se ha planteado "ninguna responsabilidad jurídica a ningún parlamentario o ex parlamentario (...) por manifestaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.

El informe se acoge al principio de publicidad de las intervenciones parlamentarias y precisa que éstas "están publicadas y son de libre acceso", para concluir que sería " irrisoria" una negativa a la petición del juez. Asimismo recuerda la obligación constitucional de prestar auxilio a los órganos judiciales.