La UPV pide a Iztueta que evite las prisas y atienda sus sugerencias a la ley universitaria

Dos de los reproches más repetidos a la ministra de Educación, Pilar del Castillo, durante la elaboración de la Ley Orgánica de Universidades fueron las prisas en su tramitación y que no incorporara al texto las aportaciones de los rectores, según recordó ayer el de la Universidad del País Vasco (UPV), Manuel Montero. Éste pidió ayer a la consejera Anjeles Iztueta más tiempo para hacer sugerencias al borrador de la ley universitaria vasca, presentado anteayer, y que atienda a las sugerencias que le hagan los rectores. Advirtió, no obstante, de que la ley debería ser aprobada antes de verano.

El rector de la UPV evitó detallar qué sugerencias concretas va a realizar al borrador de la ley del Sistema Universitario Vasco, alegando que no había tenido tiempo de estudiar el texto en detalle. Montero recibió el borrador el miércoles por la noche, como los otros dos rectores vascos, de manos del viceconsejero de Universidades, Jon Barrutia, y no fue consultado durante su elaboración. El rector anunció que tiene previsto convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la UPV en unos diez días para oír las sugerencias de la comunidad universitaria al texto. Por eso, expresó su deseo de que el Departamento de Educación conceda a la universidad un plazo de "un mes o mes y medio" para hacer aportaciones.

En una comparecencia celebrada en Bilbao, Montero dijo desconocer qué apoyos buscará el Gobierno tripartito para sacar adelante la ley en el Parlamento, donde no cuenta con la mayoría suficiente para garantizan su aprobación. "Ni preguntamos, ni hubo ningún comentario [sobre esta cuestión]", aseguró Montero, en referencia a la reunión del Consejo Vasco de Universidades en la que el viceconsejero Jon Barrutia presentó el borrador a los máximos responsables de la UPV, de Deusto y Mondragon.

Montero, acompañado por los vicerrectores de Profesorado, Víctor Urrutia, y Asuntos Económicos, Javier Forcada, apuntó que la ley vasca debería ser aprobada en el Parlamento antes de verano, con el fin de que la UPV pueda contratar a los nuevos docentes que necesitará para el curso próximo. El vicerrector Urrutia explicó que la aplicación del plan de normalización del uso del euskera requerirá contratar a entre 35 y 40 docentes y las nuevas titulaciones, otros 30. Urrutia precisó que, de no haber una ley universitaria autonómica para el verano, la UPV carecería de soporte legal para hacer esas nuevas contrataciones. El rector añadió, sin embargo, que cabría la posibilidad de regularlo "por decreto", pero que sería preferible contar con la ley.

Suspensión de los 'pluses'

El rector se refirió también al pago de los pluses salariales al profesorado funcionario (catedráticos y titulares), que ha ocasionado un considerable déficit a la UPV, que suma entre los ejercicios 2001 y 2002 alrededor de 1,2 millones de euros. El Rectorado y el departamento discuten ahora cómo resolver esta situación, que ha enrarecido sus relaciones hasta un punto desconocido. Montero advirtió de que si para abril o mayo -cuando se acabe la partida destinada por Educación para estos complementos, que reciben más de 1.700 profesores- no ha logrado un "compromiso de acuerdo" con la consejería, actuará "en consecuencia" y suspenderá el pago.

Aunque sin valorar en detalle el borrador, el rector sí adelantó algunas de las objeciones del equipo rectoral al borrador. La principal es el control que, según el texto, el Gobierno vasco tendrá sobre la agencia autonómica de evaluación de la calidad y acreditación del profesorado. Montero indicó que la ley vasca, "a primera vista, reproduce literalmente" el diseño de la agencia estatal creada por la LOU, que dirige "un profesor designado a dedo por el Ministerio de Educación". El rector dijo confiar en que el reglamento que desarrolle la figura de la agencia vasca garantice su independencia.

Al Rectorado también le inquieta cómo se regulará en concreto la figura de los profesores contratados, porque, según el vicerrector de Profesorado, su incorporación a la plantilla no implica necesariamente una mayor calidad laboral. Víctor Urrutia considera que "la cuestión clave" es cuánto dinero va a aportar el Gobierno para potenciar la nueva carrera docente. "¿Cobrará un contratado más o menos que un funcionario? Éstas son cuestiones que tiene que contestar el Gobierno", afirmó.