Armada

Armada se ha comido el marrón. Luis Armada es el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y un juez acaba de darle un palo superlativo. Según la sentencia del Juzgado número 20 de lo Penal, no podrá ocupar un cargo público durante 16 meses. Un dictamen así en las fechas preelectorales que corren constituye un auténtico torpedo en la línea de flotación de su trayectoria profesional porque, a priori, queda fuera de cualquier combinación de futuros altos cargos. Armada no es un político. Es verdad que ha estado muy ligado a la gestión de Álvarez del Manzano, pero no llegó tan alto en el organigrama de la Casa de la Villa por pertenecer a familia alguna del PP o pegar los carteles del partido más rápido y mejor que otros. Él es arquitecto municipal desde hace casi un cuarto de siglo y, que yo sepa, no milita ni en ése ni en ningún otro partido a pesar de lo cual goza de la máxima confianza del alcalde de Madrid y del concejal de Urbanismo. Puedo asegurarles que dirigir la Gerencia de Urbanismo sin que salten los escándalos a la cara ni mancharse las manos de chapapote es casi un milagro. Aquello es un avispero de influencias e intereses con muchos aguijones amenazando la honestidad de la casa. Entre los técnicos, hay familias y grupos de conveniencia que han de ser continuamente pastoreados y de los que depende en gran medida el desarrollo y la vitalidad de la ciudad. Hay despachos en la Gerencia de Urbanismo donde muchos pagarían millones tan sólo por colocar su expediente en el montón de los asuntos prioritarios. En ese lugar y en ese ambiente había logrado hasta ahora Luis Armada mantener su nombre y su prestigio con la misma apariencia aseada que exhibe en el aspecto físico personal. Así era hasta que hace unos días recibió el escrito del juez con tan severa sentencia.

En su cargo y con un castigo de esa naturaleza cabría imaginarle autor o, cuando menos, cómplice de una corruptela de las que tanto abundan en las administraciones locales. Pues nada de eso, el juez del número 20 de lo Penal le ha inhabilitado por incumplir la orden de demolición de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes decretada en su día por los tribunales. Dieciséis meses de inhabilitación, según el fallo judicial, por no haber dispuesto las medidas necesarias para ejecutar el derribo. La realidad es que el gerente de Urbanismo hizo lo que le ordenaron; dictó la orden urgente para proceder a la demolición, dispuso de los medios técnicos para llevarla a cabo y comunicó a las fuerzas del orden la operación. Cinco patrullas de la Policía Municipal y varias unidades de intervención rápida de la Policía Nacional se presentaron en las inmediaciones del templo cuyo interior había sido ocupado por trescientas personas encabezadas por el párroco y el propio obispo auxiliar Fidel Herráez. Lo cierto es que la Policía Municipal, y entiendo que con el mejor de los criterios, decidió aplazar el derribo antes que montar el show de desalojar una iglesia a sangre y fuego. De nada de eso tuvo responsabilidad alguna Luis Armada. Es más, su departamento puso de inmediato en conocimiento de la sala lo ocurrido solicitando la autorización de medidas físicas con el objeto de vencer la resistencia que habían puesto los vecinos.

Resulta difícil entender que extraños mecanismos judiciales pueden haberse confabulado para culpar al gerente de Urbanismo de que el derribo no fuera realizado. Quienes de verdad lo impidieron fueron los fieles y, sobre todo, el párroco y el señor obispo que los capitaneaban. Otra cosa bien distinta son las sospechas bien fundadas de que alguien desde el Ayuntamiento alertó a la parroquia sobre cuándo iban a intervenir para que montaran la resistencia al derribo. Está claro que los concentrados recibieron a tiempo el oportuno chivatazo que pudo darles un miembro del gobierno municipal, un simple funcionario de Gerencia o incluso alguno de los agentes que fueron convocados a la demolición. El juez debió sentirse burlado por el Ayuntamiento máxime cuando, sólo una semana después, el pleno municipal acordaba que la parroquia era conforme al Plan General de 1997 y solicitaba la no ejecución de la sentencia. A falta de un culpable visible, el juzgado le ha cargado el marrón al único que probablemente actuó correctamente. Un marrón que ahora puede comprometer su futuro. No parece justo.