Un municipio exime a los promotores de hacer pisos baratos a cambio de dinero

El Plan General de Ordenación Urbana de Villanueva del Pardillo, municipio de 8.000 habitantes gobernado por el PP, obliga a reservar un 20% del suelo urbanizable a vivienda protegida (para personas con rentas bajas). Pero el Ayuntamiento acordó en 2000 eximir de esa obligación a los dueños de suelo a cambio de que paguen una cantidad de dinero al municipio. Con este sistema, el Consistorio ha recaudado dos millones de euros en tres años y ha dejado de construir unas 230 casas baratas, según el PSOE. El Gobierno regional baraja abrir un expediente informativo.

El artículo 8.21 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Villanueva del Pardillo, vigente desde febrero de 1998, dice así: "Los planes parciales de desarrollo del suelo urbanizable deberán garantizar que el 20% de las viviendas que comprende cada uno de ellos está sometido a algún régimen de protección pública". Ese mismo plan fijaba el número de viviendas que el municipio pensaba construir en los ocho años siguientes: 1.942 casas en el primer cuatrienio (1998-2002) -de ellas, el 20% (unas 390) de precio protegido-, y 1.326 pisos más en el segundo cuatrienio, 265 de ellos baratos.

Pero el 19 de abril de 2000 el pleno municipal, donde el PP tiene mayoría absoluta, aprobó una normativa que acaba con esa garantía de vivienda protegida. El Ayuntamiento de este municipio próximo a Majadahonda estableció, con los votos en contra del PSOE, que aquellos propietarios de suelo que no quieran construir pisos baratos (con un precio máximo fijado por ley), sino dedicar todo su terreno a viviendas de precio libre, pueden hacerlo a cambio de pagar al municipio 8.571 euros por cada casa barata que dejan de hacer.

Es decir, que si en el 20% de suelo de determinada parcela pueden levantarse, por ejemplo, 10 pisos baratos, el dueño tiene la opción de pagar al Ayuntamiento 85.710 euros y disponer de todo el terreno para construir viviendas de precio libre (mucho más caras).

El secretario de Ordenación Territorial del PSOE en Madrid, Modesto Nolla, cree que esa fórmula es "absolutamente ilegal" porque "vulnera el Plan General, que es la norma que rige el urbanismo de un municipio". "Y, además, es un atraco a los dueños de suelo. Si el Ayuntamiento decide renunciar a la vivienda protegida -en caso de que pudiera hacerlo-, lo que debe hacer es pedir la modificación del Plan General, pero no aprovechar para recaudar fondos", argumenta Nolla.

El dinero ingresado por el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo por este concepto ascendió en el año 2000 a 1,75 millones de euros, según los socialistas; el año siguiente se recaudaron otros 228.000 euros, y 1.790 entre enero y septiembre de 2002 (las cuentas de ese año aún no están cerradas). Según figura en el presupuesto de 2003, el gobierno municipal prevé ingresar este año 1,5 millones de euros. Los dos millones recaudados entre 2000 y 2002 equivalen aproximadamente a 230 viviendas de precio protegido que han dejado de construirse. Este año, otro centenar de pisos baratos será transformado en libre para que el Ayuntamiento ingrese 1,5 millones.

"Todo es legal. Ese 20% de suelo para vivienda protegida que establece el Plan General no es de obligado cumplimiento: el propio PGOU y la Ley del Suelo de 1995 recogen la posibilidad de transformar vivienda protegida en libre", se defiende Juan González Miramón, alcalde de Villanueva del Pardillo, del PP, que justifica el acuerdo tomado en pleno por la necesidad de ingresos extras en un municipio "que está haciendo muchas inversiones".

"Ilegal sin discusión"

Pero el Gobierno regional, también del PP, le contradice. "Ese acuerdo del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo es ilegal sin discusión. La ley de 1995 lo que decía es que, cuando, después de un tiempo, no se hubieran construido las viviendas protegidas previstas, se podría construir en su lugar vivienda libre, con una serie de condiciones. Pero nunca a cambio de dar dinero al ayuntamiento. De todas formas, ese artículo fue derogado por la nueva Ley del Suelo, la de 2001, que es la que está vigente", explican fuentes de la Consejería de Urbanismo, que critican que el PSOE "supiera esto desde hace tres años y no lo haya denunciado". Y añaden: "El gobierno municipal tomó esa decisión tras recibir un informe de sus servicios jurídicos, y por eso pensamos que actuó de buena fe. Pero era una fe equivocada, porque el acuerdo es ilegal". La Comunidad estudiará el asunto en los próximos días y decidirá si abre un expediente.

Los ayuntamientos han tenido un "periodo de transición" de dos años para adaptar sus planes generales a la nueva Ley del Suelo. "Yo estoy seguro de que nuestra política urbanística es legal. Pero si es cierto que la actual ley elimina la posibilidad de transformar vivienda protegida en libre, el nuevo plan general se ajustará a eso, por supuesto", afirma el alcalde.