Cotino investigará el rechazo a una inmigrante que denunció una estafa

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Cotino, señaló ayer que abrirá una investigación para esclarecer los motivos por los que no se ha concedido la regularización a una inmigrante que destapó una estafa en el proceso de regularización al denunciar a un funcionario de la oficina de extranjeros de Valencia que cobraba por tramitar expedientes.

El reglamento de extranjería contempla conceder permiso de residencia a quienes colaboren con las autoridades administrativas o judiciales, pero la dirección general de la Policía rechazó la petición cursada por la inmigrante amparada en este supuesto al considerar que "no había sido víctima de un acto ilegal de tráfico de mano de obra".

Además, en este caso, desde la Delegación del Gobierno se había alentado a la inmigrante a denunciar al funcionario implicado con la promesa de que obtendría su regularización, según su abogado, Ignacio Amat.

También mostró su sorpresa por la decisión de la Policía la diputada socialista y secretaria de políticas sociales e inmigración del PSPV, Nuria Espí, quien calificó de "caos absoluto" la situación en que se encuentra la Comunidad Valenciana en materia de inmigración. "Este rechazo es una muestra más de la ineficacia de la delegación del Gobierno y de la pésima política de inmigración que está llevando a cabo el PP", apuntó Espí.

La diputada socialista exigió a Cotino "que actúe, exija el cumplimiento de la ley de Extranjería y conceda la residencia a la ciudadana que ha colaborado con la administración judicial". La secretaria de inmigración socialista también censuró el borrador del Plan de Inmigración, un documento que definió como "un paquete de medidas desarticuladas y excluídas de los cauces de intervención social normalizados" por lo que echó en falta una apuesta decidida por la primera acogida.

Reunión con Cierval

El delegado del Gobierno mantuvo por la mañana una reunión de trabajo con los máximos responsables de Cierval, la patronal autonómica, para estudiar sistemas de coordinación y paliar los atracos a comercios y los asaltos a naves industriales.

Cotino atribuyó al tráfico de drogas, "combustible de la delicuencia", el origen de la mayoría de los atracos a establecimientos comerciales. Pero insistió en subrayar un notable descenso de los atracos.

Rafael Ferrando, presidente de Cierval, apenas subrayó la importancia que los empresarios conceden a la colaboración con las fuerzas del orden, pero defendió con vehemencia la modificación del Código Penal que impulsa el Gobierno y que elevará al carácter de delito la reiteración de faltas. La medida está formalmente dirigida a acabar con la reincidencia de los pequeños delicuentes y a forzar, en palabras de Ferrando, "que acaben en la cárcel".