¿Quién ha perdido en Venezuela?

¿Y ahora qué pasa con quienes lo perdieron todo durante estos dos meses? "Pues allá ellos, jugaron políticamente y perdieron", responden fuentes oficiales. Miles se quedaron sin trabajo o empresa, otros sin futuro político y Hugo Chávez sigue en la presidencia. La oposición no consiguió ni su expulsión ni elecciones anticipadas, y cunde en sus filas la frustración y el desaliento. Sabiéndolo, el Gobierno pasó al descabello. Bienvenido sea el Grupo de Países Amigos, pero ninguna concesión política, ninguna amnistía laboral, nada fuera de la Constitución. La victoria es pírrica porque Venezuela acentuó su crisis política y social y el PIB caerá unos 10 puntos. La guerra de desgaste fue larga y devastadora: más de 6.000 millones de dólares en pérdidas.

"No encuentro la salida de este largo túnel. Estamos peor que al principio", confesaba una venezolana de clase media.

El 2 de diciembre comenzó una ofensiva que paralizó parcialmente la vida ciudadana y casi totalmente Petróleos de Venezuela (PVDSA), que aporta el 80% de las divisas del país y fue punta de lanza de la protesta. La rendición de Chávez era cuestión de días, según el cálculo de los principales sindicatos de empresarios y trabajadores y de los partidos de oposición.

El desenlace ha sido otro. "Chávez resultó mucho más fuerte para resistir embates de lo que la mayoría de la oposición pensó", según el analista Luis Vicente León. El Gobierno, sorprendido también por la dura arremetida, proclamó desde el inicio que la paralización de la industria petrolera no habría de doblegar al Estado.

La Administración sigue echando mano de sus fuerzas sociales, de las instituciones que controla y de las reservas monetarias para derrotar a la oposición. Parece haberlo logrado. Para ello importó gasolina a precios internacionales -12 millones de barriles a finales de este mes-, vendiéndola en los surtidores locales a precios simbólicos, los habituales en este país petrolero.

Paralelamente, ocupó militarmente mercantes, refinerías y pozos, adiestró nuevos técnicos y la producción de crudo supera ahora el millón de barriles al día, contra tres millones en condiciones normales, pero por encima de los 150.000 durante el colapso de diciembre, según datos reconocidos por la oposición.

La Coordinadora Democrática no aguantó las divergencias internas sobre la conveniencia de una resistencia numantina, ni los negativos efectos, económicos fundamentalmente, de una protesta todavía viva entre los venezolanos.

El Gobierno también demostró capacidad de movilización. El Ejército desoyó los llamamientos opositores a una intervención y la progresiva recuperación de PVDSA hizo el resto. La Coordinadora es actualmente "un saco de gatos, porque nadie se entiende y todos se arañan recíprocamente", según el vicepresidente, José Vicente Rangel.

Crecido Chávez, no es previsible que la mediación del ex presidente Jimmy Carter, ni la del Grupo de Amigos (Brasil, EE UU, España, México, Chile y Portugal), comenzada a mediados de enero, pueda forzar un cambio sustantivo en sus intenciones: fulminar al contrario, refrenar con sanciones a los dueños de los medios de comunicación privados, que son acicate y eje articulador de las movilizaciones opositoras. El Gobierno descartó, al menos públicamente, la readmisión de los cerca de 6.000 petroleros despedidos (en una plantilla de 40.000 trabajadores), "la mayoría unos traidores a la patria a los que hay que juzgar por saboteadores".

Pero sin un arreglo con los principales cruzados contra Chávez, cuyo alzamiento le puso en un brete, difícilmente habrá una salida electoral a la crisis. Imposible el atajo opositor, las soluciones regresan a los plazos establecidos en la Constitución. El referéndum revocatorio propuesto por Carter para el 19 de agosto figura en la Carta Magna y deberá desarrollarse "a partir del 19 de agosto", según precisa el Ejecutivo.

La enmienda constitucional que acortaría el mandato presidencial al anticiparse las generales, la otra opción del ex presidente norteamericano, también figura en el texto fundamental. El oficialismo no parece dispuesto a un acuerdo político que adelante las fechas establecidas en las leyes y dispone de mayoría en la Asamblea Nacional para maniobrar. La eventual enmienda del legislativo deberá ser ratificada en referéndum. Otra posibilidad es la recogida de firmas hacia una Asamblea Constituyente. Todos son tragos amargos para una oposición con prisas.