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Reportaje:

La primera victoria de la soldado Quiñoa

La semana pasada, la soldado Dolores Quiñoa, la misma que denunció hace unos meses haber sido violada por el teniente Iván Moriano durante su periodo de instrucción en Cáceres, ingresaba en la planta de psiquiatría del hospital Gómez Ulla de Madrid tras haber recibido una citación de Defensa para ser sometida a un nuevo reconocimiento médico: "Ruego disponga lo necesario para que el próximo día 28 de enero de 2003, a las 9.00 horas, haga su presentación en este Tribunal Médico Militar Especial para la emisión de dictámenes psiquiátricos en el ámbito de las Fuerzas Armadas... Deberá aportar cuanta información clínica tenga en su poder, relacionada con este asunto. Puede ser necesaria su hospitalización en el Servicio de Psiquiatría, u observación en régimen ambulatorio, durante varios días, por lo que deberá venir provista de los efectos pertinentes para tales circunstancias", decía la citación firmada por el coronel médico presidente y el teniente coronel médico vocal permanente, Lorenzo-Jesús Llaquet Baldellou.

"Aunque ella no solicitó examen médico, hizo alegaciones en las que pedía que se relacionase su patología con unos hechos ocurridos en el servicio", dice Defensa

"Para hacerme unas pruebas psicológicas no hacía falta ingresarme dos días en la planta de psiquiatría de un hospital, con los agudos", dice la soldado

Según la versión de la soldado y su abogado, José María Garzón, el psiquiatra (es teniente coronel) que le hizo un reconocimiento en profundidad que se prolongó durante cuatro horas, le aseguró que sufre un "estrés postraumático debido a la violación" y que este último informe médico, que incluirá que las lesiones psicológicas se deben a lo acontecido durante el servicio, prevalecerá sobre el primero. Es decir, que el primer reconocimiento médico que le fue realizado tras la agresión, y que resolvía por el contrario que su baja psicofísica "no se debía a las vicisitudes del servicio", quedaría anulado.

De este modo, Defensa asumiría la responsabilidad de lo sucedido y, así, tal y como dice la soldado que le aseguró el psiquiatra, ella dejaría de ser militar y percibiría una indemnización en función del porcentaje de minusvalía que finalmente le atribuya dicho Tribunal Médico Militar.

La pregunta del millón

La pregunta es ¿por qué un nuevo informe médico militar? Y ¿por qué ahora?: después de que se celebrase un juicio militar en el que la soldado, según ella bajo las amenazas del teniente, sólo llegó a decir que la había obligado a desnudarse. Después de que por esos hechos declarados inicialmente se condenara al teniente Moriano a cinco meses en una prisión militar por "abuso de autoridad y trato degradante". Después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia, aunque la considerara "benévola". Después de que el citado teniente pagase la fianza para zanjar el asunto. Después, incluso, de que la soldado iniciase por vía civil un proceso penal en el que acusa al mismo teniente de violación, y no sólo de haberla desnudado. Y, más aún, después de que el ministro de Defensa, Federico Trillo, diera explicaciones en el Congreso al respecto.

O sea, cuando el proceso jurídico militar está concluido y el civil en marcha, ¿por qué Defensa solicita otro informe médico?

"Ésa es la pregunta del millón", dice Garzón. "Ellos dicen que responde al seguimiento de la incapacidad psicofísica", explica.

Pero lo que dice Defensa exactamente es: "Aunque ella no lo haya solicitado, la soldado Dolores Quiñoa hizo alegaciones contra el fallo previo de la Junta Médico-pericial de la Armada en las que expresaba su disconformidad y solicitaba que se reconociese la relación causa-efecto entre su patología y unos hechos ocurridos en el servicio. Fue reconocida por orden de la Dirección General de Personal, y el Tribunal está en trámites de emitir un fallo definitivo", han argumentado fuentes del Ministerio de Defensa.

Según la soldado Quiñoa, este reconocimiento médico que ha durado dos días no ha tenido nada que ver con el que le hicieron cuando aún estaba destinada en la Guardia Real y después de los hechos sucedidos el 11 de mayo de 2000, durante la instrucción en Cáceres: "Entonces sólo me dijeron que me dirigiera a un despacho. Hablé con un señor que me preguntó cómo me encontraba. Le dije que me encontraba mal, que lloraba y que estaba triste y no tenía ganas de nada. Acto seguido me dijo que si quería irme a casa. Le dije que sí, y me respondió que él se encargaría de todo. Ahí acabó el reconocimiento. Me fui a casa y estuve allí hasta que, al año y medio, me mandaron una carta diciendo que mi baja "no respondía a las vicisitudes del servicio", y ya me pareció el colmo. Fue entonces cuando presenté el escrito en la delegación de Defensa de Lugo contando lo que me había pasado e incluyendo la violación, y después lo expliqué todo en los medios de comunicación y se montó el follón", recuerda Quiñoa.

El hecho es, en todo caso, que Dolores Quiñoa permaneció en estado ambulatorio dos días en la planta de psiquiatría del hospital Gómez Ulla, en Madrid. Que tuvo que pasar varios tests psicológicos y de personalidad, primero. Personarse ante un tribunal médico especial psiquiátrico, después, donde ante cinco especialistas, todos ellos hombres, tuvo que responder a varias preguntas, "entre ellas que ¿por qué había ido a la televisión? Pues porque nadie me había hecho caso, aunque ya había presentado el escrito a la delegación de Lugo contando todo lo que había pasado", se responde.

Reconocimiento en profundidad

La tarde del 28 de enero la pasó entera en la planta de psiquiatría del Gómez Ulla, con el psiquiatra que le hizo el reconocimiento más en profundidad: "Hablamos durante cuatro horas. Nos remontamos a mi infancia y terminamos en estos últimos días. Me preguntó sobre cómo había afectado todo lo que pasó aquella noche en mi vida, de cómo era antes y cómo soy ahora, y todo eso... pero me sentí comprendida. Acabo de salir", contaba desde su habitación en el centro hospitalario.

Tenía los ojos hinchados de haber llorado y llevaba puesto un pijama del centro. Estaba sentada en la habitación, uno de los lugares más desoladores que se puedan imaginar: cuatro paredes color verdoso, una cama de hospital, una mesa de ruedas, un par de sillas y una ventana precintada. Nada más, ni tele, ni radio, ni revistas, nada. Y fuera: un pasillo lleno de miradas perdidas y dos puertas de salida cerradas con llave y vigiladas por enfermeras.

"Esto es peor que una cárcel. No quiero salir al pasillo porque todos parecen zombis. Pero no van a conseguir desmoralizarme, me voy a ir con la cabeza bien alta y por la puerta de entrada. Para hacerme unas pruebas psicológicas no hacía falta ingresarme dos días en la planta de psiquiatría donde están los agudos, porque aquí estoy cinco días y acabo peor que ellos", aseguraba indignada.

Desde la Oficina del Defensor del Soldado se asegura que Defensa "está tratando simplemente de quitarse un problema de encima. Le van a dar una indemnización que hoy no le dan a casi nadie porque han estado muy presionados por los medios, pero esto es excepcional, porque la mayoría de la gente que se atreve a llegar hasta ahí no obtiene resultados. Las lesiones psicológicas apenas tienen respuesta porque Defensa siempre alude que 'son anteriores al ingreso en el Ejército y, por tanto, no corresponden a las vicisitudes del servicio". Lo mismo que le dijeron a Quiñoa al principio.

Ahora, casi tres años más tarde, Defensa se retracta de aquello y parece querer, motu proprio, enmendar un error y admitir que las lesiones de esta soldado sí están relacionadas con las "vicisitudes" del servicio.

Un proceso penal en marcha

EL PROCESO JUDICIAL penal que la soldado Dolores Quiñoa abrió tras hacer pública su denuncia de violación permanece abierto y en su fase iniciática en el juzgado de instrucción número uno de Plasencia. Precisamente allí porque es el juzgado de lo penal más cercano al lugar de los hechos denunciados, ocurridos durante su periodo de instrucción en El Piornal (Cáceres). Las acusaciones que presenta la defensa son dos: agresión sexual y coacciones y amenazas por parte de un superior, el teniente Iván Moriano.

"De momento, el juez que lleva el caso ha aceptado todas las pruebas que hemos presentado", explica el abogado de la soldado, José María Garzón. "Eso, como mínimo, quiere decir que ve indicios de delito", asegura.

De momento no se sabe cuándo será la primera vista, aunque el juez ya ha tomado las primeras declaraciones al acusado y a la denunciante.

La acusación ha pedido que comparezcan todas y cada una de las personas que estaban en el campamento de El Piornal el día de los hechos, el pasado 11 de mayo de 2000. De este modo, desde los mandos hasta los soldados testificarán uno por uno en el juicio. "El juez ha pedido su comparecencia como testigos, y en la actualidad deben de estar localizándolos para que sean las pruebas testificales", explica Garzón.

Además, el juez ha aceptado que se comprueben las llamadas telefónicas que, según la denunciante, demostrarían el acoso y las amenazas "constantes y reiterativas" a las que la tuvo sometida el acusado. Éste, pese a basar toda su argumentación en que no se acuerda de nada de lo sucedido aquella noche en el campamento, reconoció haber realizado dichas llamadas en su primera declaración, aunque aseguró que eran para informar a la soldado de su situación y de su baja.

El teniente Iván Moriano estuvo ya en prisión preventiva por la denuncia interpuesta por otra soldado a la que también habría intentado desnudar en unas instalaciones de la Armada en la calle de Arturo Soria de Madrid, destino al que se le envió después de lo ocurrido en Cáceres y después de que los propios compañeros de Quiñoa protagonizaran una revuelta de solidaridad en el cuartel. "Creo que con estos antecedentes y en esta situación tenemos posibilidades de ganar", asegura Garzón.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 9 de febrero de 2003

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