El 'plan Ibarretxe', ante la cátedra

La controvertida propuesta del lehendakari, Juan José Ibarretxe, para articular un nuevo pacto político con el Estado, que tantos adeptos ha encontrado en el mundo nacionalista como detractores entre los constitucionalistas, también tiene dividida a la colectividad jurídica. Una veintena de catedráticos de Derecho han analizado desde diversos enfoques técnicos el plan Ibarretxe en el marco de unas jornadas organizadas por la UPV que comenzaron el pasado martes y fueron clausuradas ayer en el Palacio Miramar donostiarra.

El letrado mayor del Consejo de Estado Miguel Herrero de Miñón no tiene dudas: "El plan Ibarretxe cabe en un 99% en la Constitución". Por contra, el catedrático de Derecho Constitucional de la UPV Javier Corcuera, quien se autodefine como "ciudadano no nacionalista", lo tacha de "proyecto esencialista y etnicista" porque "ahonda la división existente en la sociedad vasca".

La autodeterminación y el encaje en la Constitución centraron el debate académico

Para Herrero de Miñón, la propuesta del lehendakari "puede servir para racionalizar el problema político vasco, porque plantea una reforma institucional respetuosa con la Constitución y el Estatuto". Sólo puede existir "una colisión" a su juicio: "No se ha concretado todavía qué se entiende por poder judicial plenamente vasco, pero eso tal vez podría afectar al Título VI" de la Carta Magna. A diferencia de esta opinión, Corcuera califica el plan como "un proyecto nacionalista que intenta construir una autopista nacionalista en una sociedad donde casi la mitad de los ciudadanos no son nacionalistas".

El catedrático de Derecho Constitucional de la UPV Gurutz Jáuregui, sin entrar en la oportunidad política de la decisión de Ibarretxe de abrir este debate, considera que parte del contenido de su plan "puede afectar a determinados preceptos constitucionales, algunos importantes". Se refiere al uso que hace el presidente del Ejecutivo vasco del término "pueblo vasco" como sujeto de derecho. "El pueblo vasco, entendido como una realidad que engloba a Euskadi, Navarra e Iparralde, no puede ser titular del derecho de autodeterminación. El lehendakari solo representa al País Vasco". Jáuregui también precisa que las instituciones vascas "carecen de la competencia necesaria para plantear a los ciudadanos vascos una consulta sobre la autodeterminación", pues es una materia de "titularidad estatal susceptible de transferencia o delegación".

"El modelo estatutario está agotado", porque "no puede dar más de sí ni servir para la elaboración de nuevas alternativas". De ahí que "la apertura de un nuevo proceso político sustentado sobre la plurinacionalidad del Estado es algo legítimo y necesario", en palabras del catedrático de la UPV Iñaki Lasagabaster. A partir de esta premisa, subordina el éxito de la propuesta de Ibarretxe a la consecución de "la máxima participación posible y la implicación de los actores sociales más importantes", un proceso que debe llevarse a la práctica mediante "la integración de los sectores independentistas".

A diferencia de estas tesis, Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, sostiene que la aplicación de la iniciativa del lehendakari conllevaría "una explícita reforma constitucional", puesto que la "institucionalización de la singularidad vasca" (la libre asociación al Estado) supondría "un cambio en los principios constitucionales de integración autonómica". La especificidad identitaria no puede lograrse, en su opinión, invocando el reconocimiento de los derechos históricos, recogidos en la Disposición Adicional Primera de la Constitución y en la Adicional única del Estatuto. En este sentido, el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid Juan José Solozábal considera que los derechos históricos "no pueden utilizarse para asumir funciones constituyentes". La apertura de este proceso constituyente vasco es, a su juicio, inviable puesto que "supondría ejercer una soberanía que, según la Constitución, corresponde al pueblo español".

El enfoque de Ferrán Requejo, catedrático de Ciencia Política de la Pompeu Fabra, ubica la iniciativa de Ibarretxe en "la legalidad constitucional y estatutaria". En su opinión, se trata de un proyecto que "plantea establecer unas reglas constitucionales de juego para que Euskadi tenga personalidad jurídico-políiica propia en los procesos de la Corte Europea".

Por su parte, el catedrático de Derecho Administrativo y primer rector de la misma universidad catalana, Enric Argullol, sostiene que "sólo una interpretación unilateral y petrificada impediría el encaje de la propuesta en el contexto constitucional". Desde una visión europea, el profesor del Instituto Universitario Europeo de Italia Michael Keating, aboga por superar el concepto decimonónico de que la soberanía reside únicamente en los estados, porque "estamos en una Europa plurinacional" que debe dotarse de una constitución "abierta a la presencia de las naciones sin estado". En esta línea, Joxerramon Bengoetxea, letrado del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, inscribe el plan de Ibarretxe en "la tradición de soberanía compartida, pero buscando un aumento de la soberanía material a través del autogobierno y de la participación en Europa".