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Fabra alega que el alcalde de Castellón ignoraba la reunión con Calviga previa a la adjudicación

El concejal de Urbanismo afirma que Gimeno no tenía por qué saber del encuentro

María Fabra

El concejal de Urbanismo de Castellón, Alberto Fabra, negó ayer la existencia de contradicciones entre sus declaraciones ante el juez y las del alcalde de la capital de La Plana, José Luis Gimeno. Ambos han comparecido ante el titular del juzgado número 1 de Castellón como imputados por la querella que los concejales socialistas presentaron por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento público, tras la operación urbanística que acabó con la adjudicación a Calviga de los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía férrea. El concejal dijo que Gimeno desconocía una reunión que él admitió haber tenido con representantes de Calviga antes de la adjudicación.

Mientras Fabra admitió la celebración de una reunión, en diciembre de 1999, mucho antes de que se produjera la adjudicación, en la que estuvieron presentes representantes de Calviga, de Renfe y de El Corte Inglés, Gimeno negó que se hubiera realizado. El concejal de Urbanismo quiso precisar ayer que la negativa de Gimeno sobre dichos contactos, no fue a la existencia de la reunión sino a que él no estuvo presente. "Ni estuvo, ni tenía porqué saber de ella", según Fabra. El edil popular añadió que "el alcalde no asistió, con lo que no tenía por qué decir que estuvo".

Sin embargo, según fuentes de la acusación, Gimeno afirmó, en sus respuestas ante el juez, que "todo el tema de El Corte Inglés era simplemente un rumor porque hasta ahora El Corte Inglés no se había manifestado". A lo que, según las mismas fuentes, el alcalde de Castellón añadió que "por parte del Ayuntamiento no hubo ninguna negociación con El Corte Inglés", afirmaciones ambas que contradicen lo expuesto por Alberto Fabra.

El gerente de la adjudicataria, Alberto Oller, también negó, en varias ocasiones, la existencia de contactos, afirmación que contradijo no sólo el concejal de Urbanismo, sino uno de los testigos a los que el juez tomó declaración.

Por su parte, fuentes cercanas a la acusación consideran que, gracias a los testigos, "nos aproximamos cada vez más a la verdad de las negociaciones y de los contactos previos que mantuvo el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Castellón con Renfe, la empresa Calviga y El Corte Inglés". Unas reuniones que se celebraron previamente a la modificación del PGOU que afectó a los terrenos de Renfe. Las mismas fuentes confían en que con las nuevas pruebas que se han preparado, "se pueda llegar al fondo y se llegue a desgranar la maraña de actuaciones irregulares que han propiciado el mayor pelotazo urbanístico de la historia de Castellón".

Los recibos, a segundo plano

El titular del juzgado número 1 de Castellón, Horacio Badenes, requirió varias diligencias para la instrucción de la querella por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación contra el alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, y el máximo responsable de Lubasa, Luis Batalla. Una de ellas hacía referencia a la investigación de unos recibos, sellados por la Caja Rural Castellón, que se presentaron como prueba de la presunta falsedad en documento oficial, ya que la fecha de cobro era muy anterior a la fecha de emisión de los mismos. Los recibos saldaban una deuda de Calviga, filial de Lubasa, que, según la querella, estaba inhabilitaba para contratar con el Ayuntamiento, debido a su condición de "morosa". El juez ordenó a la policía judicial que investigara el lugar en el que se produjo el pago, la persona que atendía dicho establecimiento y la que realizó el pago, así como la forma del mismo. Además, requirió documentación a la entidad bancaria, que presentó más de una decena de recibos que, como el de Calviga, estaban fechados un año antes de que se produjera el pago, con lo que la defensa sostiene que se debió a un error.

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